28/11/2021
Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la provincia de San Juan, Argentina, se convirtió en el epicentro de la peor catástrofe ambiental minera de la historia del país. Un derrame masivo de solución cianurada en la mina Veladero, operada por la gigante canadiense Barrick Gold, liberó más de un millón de litros de efluentes tóxicos que contaminaron las cuencas de cinco ríos. Este evento no solo dejó una profunda cicatriz en el ecosistema, sino que también desató una compleja batalla legal y social que, casi una década después, sigue buscando respuestas y responsables. La pregunta central que resuena en los valles de la región es clara: ¿quién pagará por el agua envenenada?
Crónica de un Desastre Tóxico
El expediente judicial es escalofriante en su precisión. Detalla que "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila de lixiviación) lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada". Esta mezcla letal, cargada no solo con cianuro sino también con mercurio y otros metales pesados, fluyó sin control hacia el río Potrerillos, y desde allí, su veneno se extendió hasta llegar al vital río Jáchal, fuente de vida y sustento para miles de personas. La contaminación no fue un accidente imprevisible para muchos, sino la consecuencia de una operación que, según denuncias posteriores, priorizaba la producción por sobre la seguridad ambiental.

La noticia del derrame generó pánico y desconfianza en la población local, que depende de estos ríos para el consumo de agua, la agricultura y la ganadería. La empresa, en un primer momento, intentó minimizar la magnitud del incidente, pero la evidencia y la presión social obligaron a las autoridades a intervenir, dando inicio a un laberinto judicial con múltiples frentes.
La Justicia en el Banquillo: Procesados en Dos Frentes
La búsqueda de responsables se dividió en dos jurisdicciones, la provincial y la federal, cada una apuntando a distintos niveles de la cadena de responsabilidad. Esta bifurcación es clave para entender la complejidad del caso y la percepción de impunidad que persiste en la comunidad afectada.
El Fuero Provincial: La Responsabilidad Operativa
En el ámbito de la justicia sanjuanina, el entonces juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, tomó la decisión de procesar a ocho empleados de la empresa Barrick Gold. El delito imputado fue el de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por haber actuado con "negligencia o impericia". La acusación se fundamentó en la violación de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Este procesamiento se centró en la responsabilidad directa y operativa de quienes estaban a cargo de la mina en el momento del desastre. Sin embargo, una omisión resonó con fuerza en la comunidad: ningún funcionario del gobierno provincial de San Juan fue imputado en esta causa, a pesar de ser los responsables de fiscalizar y controlar la actividad minera en su territorio.
El Fuero Federal: La Mirada sobre el Poder Político
Paralelamente, la justicia federal puso el foco en las altas esferas del poder político nacional. El juez Sebastián Casanello avanzó en dos causas interconectadas:
- Por el derrame (Causa 10049/15): En octubre de 2018, el juez elevó a juicio oral a tres ex altos funcionarios del gobierno nacional. Se trata de Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería). El delito que se les imputa es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber ejercido adecuadamente su rol de control sobre la actividad de la minera.
- Por la Ley de Glaciares: En una causa desprendida de la anterior, Casanello ya había elevado a juicio oral en junio de 2018 a Lorusso junto a otros dos ex secretarios de Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba, ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En este caso, la acusación es por abuso de autoridad en relación con la aplicación de la Ley de Glaciares, una normativa que Barrick Gold intentó vetar judicialmente y que busca proteger las reservas de agua dulce en la cordillera.
El juicio oral contra los ex funcionarios nacionales, que debía comenzar en 2020, fue suspendido por la pandemia de coronavirus y, hasta la fecha, no tiene una nueva fecha estipulada, sumando años de espera a una comunidad que clama por justicia.
Tabla Comparativa de los Procesos Judiciales
| Instancia Judicial | Acusados Principales | Delito Imputado | Estado Actual del Proceso |
|---|---|---|---|
| Fuero Provincial (San Juan) | Ocho empleados de Barrick Gold | Contaminación de agua de forma culposa (Ley 24.051) | Procesados. Sin condena firme. |
| Fuero Federal (Nacional) | Ex Secretarios de Ambiente, Minería y director del IANIGLA | Incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad | Juicio oral suspendido desde 2020, sin nueva fecha. |
"Asamblea Jáchal no se toca": La Resistencia de un Pueblo
Frente a la lentitud judicial y la persistencia de la empresa, que en 2021 declaró su intención de seguir operando por al menos diez años más, la comunidad se organizó. La Asamblea Jáchal no se toca se ha convertido en la voz incansable de los afectados, llevando a cabo un monitoreo ciudadano constante y denunciando cada irregularidad. Han sido ellos quienes visibilizaron las consecuencias directas en la salud, como el caso denunciado en 2016 de un niño de cinco años de Jáchal con niveles de arsénico en su cuerpo que triplicaban lo considerado normal.
La lucha de la asamblea no ha sido fácil. Han enfrentado obstáculos para acceder a la información pública, solicitando informes sobre proyectos mineros al Ministerio de Minería de San Juan sin obtener respuesta. Incluso, han denunciado que se les ha negado el ingreso a sesiones públicas del Concejo Deliberante local donde se trataban temas cruciales para su futuro. Además, critican duramente los nuevos estudios de impacto ambiental presentados por la empresa, afirmando que están "llenos de imprecisiones" y que demuestran cómo los proyectos mineros continúan deteriorando su salud, su calidad de vida y los ecosistemas, incumpliendo leyes fundamentales como la de protección de glaciares.
Preguntas Frecuentes sobre el Caso Veladero
¿Qué fue exactamente lo que se derramó en la mina Veladero?
Se derramaron 1,072,000 litros de una solución rica en cianuro, mercurio y otros metales pesados, utilizada en el proceso de lixiviación para separar el oro de la roca. Este compuesto es altamente tóxico para la vida acuática y la salud humana.
¿Quiénes son los principales procesados por la contaminación?
A nivel operativo, ocho empleados de la empresa Barrick Gold fueron procesados por contaminación culposa. A nivel político, varios ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación fueron procesados por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y abuso de autoridad, pero su juicio sigue pendiente.
¿Por qué la Ley de Glaciares es tan importante en este caso?
La Ley de Glaciares protege las reservas estratégicas de agua dulce de Argentina. La mina Veladero opera en un ambiente periglaciar, un área protegida por esta ley. La comunidad y los ambientalistas sostienen que la actividad minera en esa zona es ilegal y pone en riesgo las fuentes de agua de toda la región.
¿Cuál es la situación actual de Barrick Gold en Veladero?
A pesar del desastre y los procesos judiciales en curso, la empresa continúa operando y ha manifestado su intención de extender sus actividades por una década más, presentando nuevos informes de impacto ambiental que son cuestionados por la comunidad local.
El caso del derrame en Veladero es mucho más que un registro judicial. Es el reflejo de un conflicto profundo entre un modelo de desarrollo extractivista y el derecho de las comunidades a un ambiente sano. Mientras los expedientes acumulan polvo en los tribunales, los ríos de Jáchal siguen fluyendo con la memoria del veneno y su gente sigue en pie, luchando para que la justicia, al igual que el agua limpia, finalmente llegue a su cauce.
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