31/03/2012
La protección de la biodiversidad y los ecosistemas es una de las tareas más cruciales que enfrentan las naciones en el siglo XXI. En Argentina, un país de vasta riqueza natural, el Sistema de Parques Nacionales y las áreas protegidas representan el pilar fundamental de esta misión. Sin embargo, este delicado equilibrio entre conservación y desarrollo se encuentra hoy en una encrucijada. Un reciente proyecto gubernamental ha generado una profunda preocupación entre decenas de organizaciones ambientalistas, quienes advierten sobre un posible y drástico retroceso en las políticas de protección de la fauna silvestre, poniendo en jaque décadas de avances y amenazando el futuro de especies emblemáticas.
Alerta Roja: Un Proyecto que Desata la Controversia
Las alarmas se encendieron en todo el país tras la filtración de un documento oficial del área de Ambiente, fechado el 20 de enero. Este proyecto propone la derogación y modificación de un conjunto de resoluciones clave que actualmente regulan y protegen a la fauna nativa argentina. La intención declarada es “evitar la duplicidad de las normas” y “emprolijar” la legislación existente, argumentando que algunas normativas limitan la soberanía de las provincias sobre sus recursos naturales.
La respuesta de la sociedad civil fue inmediata. Más de 60 organizaciones no gubernamentales (ONGs) de todo el territorio, unidas en la alianza “Observatorio de lo Silvestre”, solicitaron formalmente una audiencia con las autoridades a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación. Para ellos, el argumento oficial esconde una realidad mucho más peligrosa. Franco Perugino, de la ONG Mundo Aparte Rosario, calificó el proyecto como “nefasto para la fauna silvestre argentina”, afirmando que implicaría un retroceso de tres o cuatro décadas en materia de conservación.
¿Qué Cambiaría Exactamente? Las Claves del Conflicto
Para comprender la magnitud de la preocupación, es esencial analizar qué normativas están en el punto de mira. El proyecto busca modificar o derogar resoluciones que datan desde 1986 hasta 2022. Dos ejemplos citados por los especialistas son particularmente alarmantes:
- Resolución de 1986: Prohíbe la comercialización de animales autóctonos silvestres vivos. Su derogación podría abrir la puerta a la legalización de lo que hoy se considera tráfico ilegal de fauna, uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo.
- Resolución de 2022: Prohíbe la creación y funcionamiento de criaderos de fauna silvestre con fines cinegéticos, es decir, para la caza. Eliminar esta prohibición habilitaría la cría de animales nativos, como el puma, con el único propósito de que sean cazados en condiciones controladas, una práctica conocida como “caza enlatada” o “garantizada”.
Kai Pacha, presidenta de la ONG cordobesa Pumakawa, lo resume de manera contundente: “La fauna silvestre no es perjudicial, sino que es indispensable. Se está impactando en ella literalmente: con bala. Y de manera ventajosa, con la caza enlatada”. Para las organizaciones, estas no son discusiones nuevas, sino debates ya resueltos por la sociedad y la legislación hace años.
El Rol del Estado: Entre la Protección y la Polémica
Esta situación genera una paradoja si se la contrasta con la misión fundamental de los organismos de conservación del Estado. La Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas tiene como responsabilidad primaria la planificación y formulación de políticas para la conservación y el uso público de las Áreas Naturales Protegidas. Sus acciones están orientadas a:
- Definir estrategias para la conservación de la diversidad biológica.
- Evaluar el estado de conservación de las áreas y proponer medidas de protección.
- Promover la investigación científica aplicada.
- Entender en programas de uso sustentable de recursos naturales.
- Elaborar programas de educación ambiental.
Es precisamente la Educación Ambiental una de las herramientas que la propia Administración de Parques Nacionales (APN) considera “primordial para la creación de visiones y hábitos compatibles con las metas de conservación de la biodiversidad”. Resulta contradictorio que, mientras una parte del aparato estatal trabaja en fortalecer la conciencia ambiental, otra proponga medidas que, según los expertos, debilitarían drásticamente la protección efectiva de la fauna.
Tabla Comparativa: Escenario Actual vs. Escenario Propuesto
Para visualizar el impacto potencial de estas modificaciones, la siguiente tabla compara la situación actual bajo las normativas vigentes y el posible escenario si el proyecto avanzara.
| Aspecto | Situación Actual (Normativas Vigentes) | Posible Escenario (Si se aprueba el proyecto) |
|---|---|---|
| Comercialización de Fauna Silvestre | Prohibida la venta de animales autóctonos vivos. Se considera tráfico ilegal. | Podría legalizarse la comercialización, fomentando un mercado que amenaza a las poblaciones naturales. |
| Criaderos para Caza | Prohibidos los criaderos de especies nativas para fines cinegéticos. | Se habilitaría la cría de animales como pumas o ciervos para ser liberados y cazados en cotos (caza enlatada). |
| Caza Deportiva | Regulada y limitada por normativas nacionales y provinciales que buscan proteger las especies. | Se fomentaría como actividad económica, debilitando los controles y priorizando el negocio sobre la conservación. |
| Rol del Estado | Principalmente protector y regulador, con el objetivo de conservar la fauna. | Pasaría a tener un rol de facilitador de actividades comerciales y cinegéticas a costa de la fauna. |
Preguntas Frecuentes sobre la Controversia
¿Cuál es el argumento del gobierno para proponer estos cambios?
Oficialmente, el gobierno sostiene que el único propósito es “ordenatorio”. Afirman que se busca “emprolijar” normativa que, en algunos casos, está duplicada o nunca se aplicó, y evitar la duplicidad de normas con las jurisdicciones provinciales. Señalan que es una discusión “interna” que aún está en análisis.
¿Por qué la “caza deportiva” es tan polémica?
Más allá de los debates éticos, las ONGs señalan que la caza deportiva, especialmente cuando se la fomenta sin controles estrictos, está asociada a otros delitos graves como el tráfico de armas y la trata de personas. Consideran que el Estado no debe fomentar una actividad que pone en riesgo la fauna, sino controlarla y fiscalizarla rigurosamente, como ocurre en la mayoría de los países con políticas ambientales avanzadas.
¿Qué es la “caza enlatada”?
La caza enlatada o garantizada es una práctica donde los animales, a menudo criados en cautiverio y acostumbrados a la presencia humana, son liberados en un recinto cerrado para que un cazador pueda abatirlos con facilidad y sin riesgo. Es una modalidad muy criticada por su falta de ética y por no tener ningún componente de “deporte” o desafío real.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
La movilización de las ONGs demuestra la importancia de la sociedad civil. Los ciudadanos pueden informarse, apoyar a estas organizaciones, firmar peticiones y exigir a sus representantes políticos que prioricen la conservación de la biodiversidad por sobre intereses económicos de corto plazo.
Un Futuro Incierto
La situación actual, marcada por renuncias de altos funcionarios en el área de Ambiente y la presión de lobbies empresariales, crea un panorama de gran incertidumbre. El proyecto, aunque presentado como una simple reorganización administrativa, es visto por la comunidad conservacionista como una amenaza directa al patrimonio natural de todos los argentinos. La encrucijada es clara: o se reafirma el compromiso con la protección de la vida silvestre, fortaleciendo los controles y la educación ambiental, o se cede a presiones que podrían causar un daño irreparable a los ecosistemas del país. La vigilancia y la acción ciudadana serán, una vez más, fundamentales para inclinar la balanza hacia la conservación.
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