Desmonte y Conflicto en el Chaco Argentino

“Donde hay comunidades organizadas, campesinos, indígenas y trabajadores que queremos a la madre tierra, que queremos al bosque nativo de verdad, ahí vas a ver monte y no contaminación”. Las palabras de Mirta Coronel, representante del pueblo originario Vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), resuenan como un manifiesto de resistencia. Pintan un cuadro de dos mundos en colisión en el corazón del Gran Chaco Americano: por un lado, el de quienes habitan y protegen el bosque; por otro, el de un modelo de agronegocios que avanza con topadoras, desalojando historias y arrasando con uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica. Santiago del Estero, una provincia argentina, se ha convertido en el epicentro de este conflicto, liderando año tras año los tristes rankings de deforestación nacional, en una batalla donde la ley parece tener más trampas que certezas.

El Gran Chaco en Peligro: Cifras de una Devastación Anunciada

La situación del bosque nativo en Santiago del Estero es, sin eufemismos, crítica. Esta provincia alberga una porción vital del Parque Chaqueño, el segundo bosque más extenso del continente. Sin embargo, los datos oficiales y los monitoreos satelitales revelan una hemorragia ecológica constante. Según la Dirección Nacional de Bosques, entre 2017 y 2022, la provincia perdió 201.525 hectáreas de monte. La sangría no se detiene: un informe de Greenpeace para el año 2024 detectó la pérdida de otras 54.123 hectáreas. Para dimensionar la catástrofe, esta última cifra equivale a la superficie de más de 75.000 canchas de fútbol profesional desapareciendo en un solo año.

Este avance de la frontera agropecuaria no solo borra del mapa la vegetación. Con cada hectárea de monte que cae, se reduce el hábitat de especies emblemáticas como el pecarí, el oso hormiguero, la corzuela y el loro hablador. La principal motivación detrás de las topadoras es despejar la tierra para la ganadería y la agricultura extensiva, principalmente soja, pero también para la producción maderera y de carbón. Como advierte la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), este proceso no es pacífico; viene acompañado de graves conflictos socioambientales, marcados por la expulsión violenta de comunidades campesinas e indígenas de sus territorios ancestrales.

El Rostro del Conflicto: El Caso Canido y Manaos

A menudo, la deforestación tiene nombres y apellidos. Uno de los señalados recurrentemente por el MOCASE y organizaciones ambientalistas es Orlando Canido, dueño de la empresa Refresh Now, productora de las populares gaseosas Manaos. En julio y agosto de 2024, Greenpeace Argentina lo denunció públicamente por realizar desmontes masivos en tierras de su propiedad que, según la ley, deberían estar protegidas. Los datos satelitales son contundentes: más de 11.000 hectáreas habrían sido arrasadas en una finca cerca de Nueva Esperanza, a las que se suman otras 200 hectáreas en otra propiedad cercana a Quimilí.

Estos hechos no son aislados. Se suman a un historial de conflictos que se remonta a casi una década. En 2016, en la comunidad de Bajo Hondo, el mismo empresario fue denunciado por el MOCASE por avanzar sobre territorios comunitarios tras un episodio de violencia extrema. Mirta Coronel relata cómo bandas parapoliciales, presuntamente vinculadas al empresario, amedrentaron a la comunidad con palos y armas de fuego, incendiaron viviendas, envenenaron animales e hirieron a varios miembros del movimiento. “Ellos vienen con papeles y dicen que supuestamente han comprado, pero no se fijan que hay una comunidad dentro. Luego nos quieren desalojar, pero no nos queda otra opción que resistir”, explica la líder indígena.

A pesar de la resistencia comunitaria que en aquel entonces logró frenar un desmonte de 4.000 hectáreas (del cual se ejecutaron 500), la presión no ha cesado. Las organizaciones denuncian una presunta complicidad entre las autoridades provinciales y el empresario, quien, según la versión oficial, opera dentro del marco legal. Pese a los reiterados intentos de Mongabay Latam por obtener una declaración de la empresa Manaos, al cierre de la investigación no se había recibido respuesta alguna.

Hecha la Ley, Hecha la Trampa: La Flexibilización de la Ley de Bosques

En 2007, Argentina dio un paso fundamental con la sanción de la Ley 26.331, conocida como la Ley de Bosques. Esta normativa nació del reclamo social y buscaba frenar la deforestación mediante un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que cada provincia debía elaborar, zonificando sus bosques en tres categorías según su valor de conservación.

El problema, como señala el investigador Matías Mastrangelo, es que “hecha la ley, hecha la trampa”. Santiago del Estero, cuyo OTBN cataloga el 82% de sus bosques en la categoría amarilla (de mediano valor), ha flexibilizado la normativa nacional a través de figuras legales controvertidas. La Dirección de Bosques provincial, a cargo de Noelia Zanichelli, confirma que se otorgan permisos para planes productivos en zonas amarillas, permitiendo la conversión de hasta un 10% para agricultura y un 40% para uso silvopastoril. Según la funcionaria, los planes de Orlando Canido fueron aprobados bajo esta normativa, por lo que no serían ilegales. Sin embargo, para los movimientos sociales y ambientalistas, esta legalidad es una fachada que encubre la destrucción del ecosistema.

¿Sustentable o Encubierto? El Debate sobre los Sistemas Silvopastoriles

Uno de los puntos más polémicos es la habilitación de sistemas silvopastoriles. En teoría, estas prácticas son una alternativa sostenible que integra ganadería y manejo forestal, conservando la estructura del bosque. Permiten un uso equilibrado, reducen la erosión y diversifican los ingresos de los productores. Sin embargo, la realidad en el Chaco santiagueño parece ser muy diferente.

Mastrangelo advierte sobre una “discusión semántica” aprovechada por grandes productores. “Lo que ellos llaman silvopastoril es en realidad un desmonte mecánico con rolos o topadoras que solo dejan algunos árboles nativos en muy baja densidad. No tienen nada de ‘silvo’ (bosque), es completamente pastoril, completamente ganadero”. Desde la Dirección de Bosques se defiende la práctica como un “desarbustado” (quitar maleza y arbustos) y no como una tala total. No obstante, un monitoreo oficial de la propia Dirección Nacional de Bosques de 2022 es lapidario: confirma que el uso silvopastoril es la principal causa de pérdida de bosque nativo en Santiago del Estero, por encima de los incendios y la agricultura. La práctica, presentada como sustentable, es en los hechos el motor principal de la deforestación.

Un Futuro Incierto: Desfinanciamiento y la Lucha por el Monte

El panorama se agrava con el contexto político nacional. El gobierno de Javier Milei ha implementado políticas de desfinanciamiento ambiental que amenazan directamente la protección de los bosques. La reciente eliminación por decreto del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) y la reducción del presupuesto general del área son un golpe devastador. La propia directora de Bosques provincial, Noelia Zanichelli, lo expresa con crudeza: “Normalmente vivimos con falta de recursos, pero hoy realmente el criterio que está teniendo el Gobierno Nacional en relación a los bosques nos está matando, literalmente”.

Para los expertos, revertir esta situación requiere acciones en múltiples frentes. Es fundamental que el Estado avance en la regularización de la tenencia de la tierra para las comunidades campesinas e indígenas, quienes han demostrado ser los principales guardianes del monte. Además, es imperativo que las provincias cumplan con el espíritu de la Ley de Bosques y dejen de crear atajos legales que benefician al agronegocio en detrimento del ambiente. La lucha por el monte nativo es, en definitiva, una lucha por un modelo de desarrollo más justo, equitativo y en armonía con la naturaleza, un eco de la resistencia que, como Mirta Coronel, se niega a ver su hogar convertido en un desierto de contaminación.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué es la frontera agropecuaria y por qué es un problema?

La frontera agropecuaria es la línea que delimita las áreas dedicadas a la agricultura y la ganadería de los ecosistemas naturales como bosques, selvas o pastizales. Su expansión es un problema porque implica la destrucción (desmonte o deforestación) de estos ecosistemas para reemplazarlos por monocultivos o pasturas, lo que provoca pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, alteración de los ciclos del agua y la expulsión de comunidades locales.

¿Qué establece la Ley de Bosques de Argentina?

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, busca proteger los bosques nativos del país. Obliga a las provincias a realizar un Ordenamiento Territorial (OTBN) que clasifica sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde) y regula las actividades permitidas en cada una, prohibiendo el desmonte en las categorías roja y amarilla.

¿Por qué Santiago del Estero es una provincia clave en este conflicto?

Santiago del Estero es clave porque forma parte del Gran Chaco, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, y ha sido la provincia con las tasas de deforestación más altas de Argentina en los últimos años. Sus suelos son aptos para la agricultura, lo que la convierte en un objetivo principal para la expansión de la frontera agropecuaria, generando intensos conflictos sociales y ambientales.

¿Qué son los sistemas silvopastoriles y cuál es la controversia?

Un sistema silvopastoril es una práctica agroforestal que combina deliberadamente árboles, forraje y ganado en un mismo terreno de forma integrada y sostenible. La controversia surge porque en provincias como Santiago del Estero, muchos productores utilizan el término para justificar desmontes casi totales, donde se eliminan la mayoría de los árboles y el sotobosque para introducir ganado, una práctica que destruye el ecosistema forestal pero se presenta legalmente como un “uso sustentable”.