Acuerdo de Escazú: Un Hito para el Ambiente

En el corazón de América Latina y el Caribe, una revolución silenciosa pero poderosa está tomando forma. No se trata de una revolución con armas, sino con herramientas legales y derechos ciudadanos. Hablamos del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que ha sido aclamado por expertos como un punto de inflexión en la historia del derecho ambiental. Recientemente ratificado por Argentina, este acuerdo se encuentra a un solo paso de entrar en vigor, prometiendo cambiar para siempre la forma en que los ciudadanos interactúan con las decisiones que afectan su entorno y, en última instancia, sus vidas. Pero, ¿qué hace a este acuerdo tan especial y diferente de otros tratados ambientales internacionales?

¿Qué es Exactamente el Acuerdo de Escazú?

Su nombre completo es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y representa la culminación de años de negociaciones impulsadas desde la sociedad civil y promovidas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Su origen se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012, donde se reconoció la necesidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos en materia ambiental.

A diferencia de otros tratados que se centran en metas específicas como la reducción de emisiones de carbono o la protección de ciertas especies, el Acuerdo de Escazú se enfoca en los procesos. Es un tratado de procedimiento que no dicta qué se debe proteger, sino *cómo* se deben tomar las decisiones para protegerlo. Su objetivo es construir lo que se conoce como democracia ambiental, garantizando que las voces de todos, especialmente las de las comunidades más vulnerables, sean escuchadas y tenidas en cuenta.

Los Tres Pilares Fundamentales de la Democracia Ambiental

El acuerdo se sustenta en tres derechos de acceso interconectados que actúan como los pilares de una gobernanza ambiental más justa y transparente. Como lo describe Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), estos derechos son “herramientas para la sociedad civil”.

1. Acceso a la Información Ambiental

Este pilar establece que todo ciudadano tiene derecho a solicitar y recibir información ambiental que esté en poder de las autoridades públicas de manera oportuna y efectiva. Esto incluye datos sobre la calidad del aire y del agua, informes sobre contaminación, evaluaciones de impacto ambiental de proyectos industriales o de infraestructura, y los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. El Estado no solo debe responder a las solicitudes, sino también generar y difundir proactivamente información relevante, promoviendo una cultura de transparencia.

2. Participación Pública en la Toma de Decisiones

Este es quizás el aspecto más transformador. El acuerdo garantiza que el público tenga la oportunidad de participar de manera significativa en los procesos de toma de decisiones que afectan al medio ambiente. Esto va más allá de una simple consulta pública al final del proceso. Exige que la participación sea temprana, abierta e inclusiva, permitiendo que las comunidades locales, los pueblos indígenas y otros grupos afectados puedan influir en los planes, proyectos y políticas desde su concepción. Como señala Napoli, en muchos países “se llama a opinar a la gente pero no se respeta las condiciones de lo que establece la población”. Escazú busca corregir precisamente esa deficiencia, asegurando que la participación no sea un mero trámite, sino un diálogo genuino.

3. Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

El tercer pilar es el que da fuerza a los dos anteriores. El acceso a la justicia garantiza que cualquier persona pueda recurrir a los tribunales u otros mecanismos para hacer cumplir las leyes ambientales y reclamar por los daños sufridos. Si a un ciudadano se le niega información o se le impide participar en una decisión, puede llevar su caso ante la justicia. Este pilar es crucial en una región donde, a menudo, la normativa ambiental existe en el papel pero su cumplimiento es débil. El acuerdo busca fortalecer las capacidades de los sistemas judiciales y eliminar las barreras económicas, técnicas y procesales que impiden a los ciudadanos defender sus derechos y el medio ambiente.

Una Herramienta Única: Protección para los Defensores del Planeta

Una de las características más innovadoras y urgentes del Acuerdo de Escazú es que es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones específicas para la protección de los defensores ambientales. Esta no es una cuestión menor. Según la organización Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el medio ambiente. En 2019, 212 activistas fueron asesinados a nivel global, y dos tercios de esos crímenes ocurrieron en esta región. Desde 2015, el promedio es de cuatro ambientalistas asesinados por semana.

El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad. Esto implica prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran. Como afirma Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, es “un avance en la protección de quienes luchan por el medio ambiente en nuestra región”.

Tabla Comparativa: Escazú vs. Tratados Tradicionales

Para entender mejor su singularidad, comparemos el Acuerdo de Escazú con un tratado ambiental más convencional como el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

El Camino Hacia la Vigencia

Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor, se requiere la ratificación de al menos 11 de los países signatarios. Con la reciente decisión de Argentina, ya son diez las naciones que han completado este paso: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y la propia Argentina. El mundo ambientalista de la región contiene la respiración, esperando que un país más dé el paso definitivo para que esta poderosa “caja de herramientas”, como la llamó la joven activista Nicole Becker, pueda empezar a ser utilizada en todo su potencial.

Preguntas Frecuentes sobre el Acuerdo de Escazú

¿El Acuerdo de Escazú impone nuevas leyes ambientales a los países?

No directamente. El acuerdo no establece nuevos estándares de contaminación ni crea nuevas áreas protegidas. Su función es establecer un estándar mínimo para los procedimientos de cómo se aplican y se hacen cumplir las leyes ambientales ya existentes en cada país, fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en ese proceso.

¿Por qué es tan importante para América Latina y el Caribe?

La región se caracteriza por una gran riqueza en recursos naturales, pero también por una alta conflictividad socioambiental y profundas desigualdades. Proyectos extractivos, deforestación y contaminación a menudo afectan de manera desproporcionada a comunidades indígenas y rurales. Además, como ya se mencionó, es la región más peligrosa para los defensores ambientales. Escazú aborda directamente estas problemáticas.

¿Qué cambia para un ciudadano común con este acuerdo?

Para un ciudadano, el acuerdo significa tener más poder para proteger su entorno. Si una empresa planea instalar una fábrica contaminante cerca de su comunidad, tendrá derecho a acceder a toda la información sobre sus posibles impactos, a participar en las audiencias públicas donde se decida su aprobación y, si considera que se están violando las leyes, tendrá más herramientas para acudir a la justicia y detener el proyecto o exigir reparaciones.

¿Quiénes se oponen al acuerdo y por qué?

A pesar de su amplio respaldo, el acuerdo ha enfrentado resistencia en algunos países y sectores. Generalmente, las críticas provienen de grupos empresariales que temen una mayor judicialización de sus proyectos, lo que podría, según ellos, ralentizar las inversiones. Sin embargo, los defensores del tratado argumentan que la transparencia y la participación temprana en realidad generan mayor certeza jurídica y previenen conflictos sociales a largo plazo, creando un mejor clima para el desarrollo sostenible.

En conclusión, el Acuerdo de Escazú es mucho más que un texto legal. Es una declaración de principios y una hoja de ruta para una nueva forma de gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe: una más democrática, transparente y justa. Es un reconocimiento de que la protección del medio ambiente no puede separarse de la protección de los derechos humanos y que las decisiones más sabias son aquellas que se construyen con la voz de todos.