Quintero-Puchuncaví: Crónica de una Crisis Ignorada

03/09/2015

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Las imágenes de niños y adultos en centros de urgencia por intoxicaciones masivas se han convertido en un trágico y recurrente déjà vu en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón. Lo que ocurrió a principios de junio de 2022 no es un hecho aislado, sino el eco de una crisis que se arrastra por más de una década, como la que en 2011 afectó a los estudiantes de la escuela de La Greda, recinto que finalmente debió cerrar sus puertas. En medio de esta crisis perpetua, un contundente informe de la Contraloría General de la República (N°27 de 2022) ha puesto en evidencia lo que muchos sospechaban: una década de gestión estatal marcada por una acción reactiva, omisiones graves y una profunda falta de protección hacia los ciudadanos de una de las áreas más castigadas ambientalmente del país.

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Una Década de Inacción: El Veredicto de la Contraloría

La auditoría, que abarcó el período entre enero de 2010 y octubre de 2020, es lapidaria. Concluye que los organismos del Estado, incluyendo las subsecretarías de Medio Ambiente y Salud, no han logrado consolidar un análisis claro sobre los contaminantes presentes en el aire, agua y suelos de la zona. Peor aún, no existe una metodología establecida para medir cómo esta exposición constante ha afectado la salud de las personas. El informe identifica vacíos, omisiones, falta de normativas cruciales y la ausencia de una mirada multisectorial para abordar un problema de esta magnitud. En lugar de prevenir, el Estado ha esperado a que ocurran las emergencias para actuar, una política que ha demostrado ser un fracaso rotundo.

El Aire que Respiramos: Un Monitoreo a Ciegas

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe se centra en la calidad del monitoreo del aire. En una zona declarada como "saturada" por contaminantes, sería lógico esperar una vigilancia exhaustiva y completa. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La auditoría advierte que las estaciones de monitoreo, muchas de ellas pertenecientes a las propias empresas del cordón industrial como Codelco Ventanas, AES Gener y ENAP, no evalúan todos los contaminantes atmosféricos que ya están normados en Chile.

Elementos tan relevantes para la salud pública como el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3) y el monóxido de carbono (CO) quedan fuera de la medición en varias de las estaciones. Esta deficiencia impide tener un panorama completo de la calidad del aire y, por ende, de los riesgos a los que se expone la población. Como señaló el bioquímico y doctor en salud ambiental, Pablo Ruiz, el problema es considerar que la red de monitoreo sirve solo para verificar el cumplimiento de normas, cuando su potencial es mucho mayor: podría ser una herramienta fundamental para estudios epidemiológicos y para validar modelos de dispersión que ayuden a prevenir futuros episodios críticos.

Tabla Comparativa del Monitoreo del Aire

Contaminante NormadoMedición General en la ZonaEstaciones con Ausencia de Datos (Ejemplos)
Material Particulado (MP10, MP2.5)Sí, mayoritariamenteMP2.5: Valle Alegre, Colmo, Junta de Vecinos (ENAP)
Dióxido de Azufre (SO2)-
Monóxido de Carbono (CO)No en todas las estacionesLa Greda, Puchuncaví, Valle Alegre, Ventanas
Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Ozono (O3)No en todas las estacionesDatos no especificados en el informe, pero se señala su ausencia
Plomo (Pb)-

La Salud Ignorada: Sin Datos no hay Prevención

Quizás la conclusión más dolorosa del informe es la sistemática falta de vigilancia epidemiológica. El Estado no ha establecido mecanismos claros para monitorear el impacto en la salud de las personas que viven rodeadas de contaminación. Un ejemplo flagrante es el Material Particulado Fino (MP2.5), responsable del aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. A pesar de que la zona fue declarada saturada por este contaminante en 2015, todavía no existe un sistema que mida su impacto real en la salud de los habitantes.

El caso de los 128 niños de la escuela de La Greda es un símbolo de este abandono. Tras la intoxicación de 2011, un estudio de la Pontificia Universidad Católica reveló que estos estudiantes tenían una exposición crónica a plomo superior a la esperada. La Contraloría advirtió que, increíblemente, nunca se hizo un seguimiento a estos niños. La respuesta de la Subsecretaría de Salud Pública es desconcertante: se intentó encontrar el listado de los niños evaluados, pero "no se tiene nada de información". La salud de toda una generación de niños fue simplemente olvidada.

Esta negligencia se extiende a la falta de medición de plomo en sangre en menores de dos años, una medida establecida por decreto en el año 2000. La justificación de la Subsecretaría de Salud para no realizarla es su elevado costo y que, a su juicio, no existen antecedentes que justifiquen dichos estudios, una afirmación que choca de frente con los hallazgos del estudio de 2011.

El Suelo y las Normas Pendientes: Un Vacío Legal

La auditoría califica la falta de una norma para medir la calidad del suelo como una de las más graves normas pendientes. Sin estándares claros, es imposible calificar legalmente un terreno como "contaminado" y, por lo tanto, exigir medidas de remediación. A pesar de haber invertido más de 80 millones de pesos en consultorías privadas entre 2010 y 2020, la Subsecretaría del Medio Ambiente no ha logrado elaborar las bases para este marco normativo. Los intentos, como la creación de guías metodológicas o comités interministeriales, han fracasado.

¿Qué HACE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO?
La Subsecretaría de Desarrollo Económico diseña, promueve y ejecuta políticas tendientes a promocionar el desarrollo económico integral de la Ciudad y fomentar la actividad productiva y sustentable en áreas estratégicas.

A esto se suma la falta de normativas para regular la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y una norma actualizada para el arsénico respirable, derogada en 1994. Estos vacíos normativos dejan a la población en un estado de vulnerabilidad inaceptable, expuesta a un cóctel de contaminantes sin que existan las herramientas legales para limitar su emisión y medir su impacto real.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Ambiental

¿Cuál es el principal problema en Quintero, Puchuncaví y Concón?

El principal problema es la alta concentración de industrias contaminantes en un territorio reducido, sumado a más de una década de inacción y negligencia por parte del Estado, que no ha implementado normativas adecuadas ni un sistema de monitoreo y vigilancia de la salud eficaces.

¿Qué reveló el informe de la Contraloría?

Reveló que durante diez años (2010-2020), la política del Estado fue reactiva y no preventiva. Identificó la falta de normas para suelo y COVs, un monitoreo del aire deficiente que no mide todos los contaminantes, y una ausencia total de seguimiento al impacto de la contaminación en la salud de las personas, incluyendo a niños intoxicados.

¿Por qué es grave que no se midan todos los contaminantes del aire?

Es extremadamente grave porque impide conocer el riesgo real al que está expuesta la población. Sin un panorama completo de los contaminantes presentes, es imposible realizar estudios epidemiológicos certeros, identificar las fuentes de emisión responsables durante los episodios de intoxicación y diseñar políticas públicas efectivas para proteger a los ciudadanos.

¿Qué pasó con los niños intoxicados en la escuela La Greda en 2011?

Un estudio confirmó que tenían una exposición a plomo superior a la normal. Sin embargo, el informe de Contraloría destapó que el Estado nunca realizó un seguimiento de su estado de salud a largo plazo, alegando que no se pudo encontrar la lista de los niños afectados.

¿El cierre de la fundición Codelco Ventanas soluciona el problema?

El cierre es una señal política importante y contribuirá a reducir la carga de ciertos contaminantes como el dióxido de azufre. Sin embargo, no soluciona el problema de fondo. La zona seguirá albergando un complejo industrial con múltiples fuentes de emisión, y persisten los problemas estructurales de falta de normativas, monitoreo deficiente y suelos ya contaminados que necesitan remediación. Es un paso, pero la solución requiere una intervención integral y un cambio profundo en la gestión ambiental del Estado.

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