02/03/2013
Han transcurrido ocho largos años desde que las aguas de San Juan se tiñeron con la mancha tóxica del peor desastre minero en la historia de Argentina. Entre el 12 y el 15 de septiembre de 2015, la mina Veladero, entonces operada por la gigante canadiense Barrick Gold, se convirtió en sinónimo de catástrofe ambiental. Un fallo en sus instalaciones provocó un derrame masivo de solución cianurada que contaminó cinco ríos, dejando una herida abierta en el ecosistema y en la memoria de la comunidad. Hoy, a casi una década del suceso, la pregunta sigue resonando en los valles y montañas: ¿dónde está la justicia?
El Origen de la Catástrofe: ¿Qué Sucedió en Veladero?
El informe judicial es escalofriante y preciso: "Se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila de lixiviación) lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal". Esta mezcla letal no solo contenía cianuro, un químico altamente tóxico utilizado para separar el oro de la roca, sino también metales pesados como el mercurio, que tienen efectos devastadores y persistentes en el medio ambiente y la salud humana. La contaminación se extendió como una plaga silenciosa a través de la cuenca hídrica, afectando a los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, fuentes de vida para toda la región.

En aquel momento, la operación estaba a cargo de Barrick Gold. Actualmente, el yacimiento es gestionado por Minera Argentina Gold SRL, una sociedad conformada por la misma Barrick Gold y la empresa china Shandong Gold. A pesar del cambio en la estructura empresarial, la sombra del derrame y la desconfianza de la comunidad persisten, alimentadas por una serie de incidentes posteriores y una falta de rendición de cuentas que clama al cielo.
La Lucha Incansable de un Pueblo: "Jáchal no se toca"
Frente a la inacción y el silencio institucional, la sociedad civil se levantó. La Asamblea Jáchal no se toca nació como un grito de resistencia y dignidad. Desde el fatídico 2015, sus miembros han denunciado incansablemente no solo el derrame inicial, sino también los eventos consecuentes que, según los vecinos, han seguido ocurriendo. Su lucha no es solo por el medio ambiente, sino también por su salud, reportando afectaciones que vinculan directamente con la contaminación de sus fuentes de agua.
El símbolo más potente de esta resistencia es la carpa que, desde hace ocho años, se mantiene firme frente a la Municipalidad de Jáchal. Es un recordatorio constante, un faro de memoria y exigencia en medio de un mar de olvido. Desde sus redes sociales, la asamblea mantiene viva la llama del reclamo, señalando a los responsables y desnudando las falencias del sistema judicial que, según ellos, ha garantizado la impunidad.
Un Laberinto Judicial: Impunidad y Demoras
El camino hacia la justicia ha sido un laberinto plagado de obstáculos, demoras y decisiones controvertidas. La causa se dividió en dos fueros, el provincial y el federal, generando un entramado legal complejo que ha favorecido a los poderosos.
Justicia Provincial: El Hilo se Corta por lo Más Delgado
En la justicia de San Juan, la responsabilidad recayó sobre ocho operarios de la mina, quienes terminaron pagando una fianza. Sin embargo, las figuras de alto rango, como el CEO de Barrick Gold en ese momento, Guillermo Caló, o funcionarios provinciales como el entonces gobernador José Luis Gioja y el ministro de minería Felipe Saavedra, nunca fueron investigados a fondo por el juez Pablo Oritja. Para la Asamblea, esto fue una clara maniobra para asegurar la impunidad de la cúpula empresarial y política, dejando que la responsabilidad se diluyera en los eslabones más bajos de la cadena.
Justicia Federal: Una Esperanza en Suspenso
La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los ex funcionarios nacionales (secretarios de ambiente y minería) que debían controlar a la minera fueran investigados por la justicia federal. Sin embargo, en una decisión polémica, la misma Corte impidió que el CEO de la compañía fuera investigado en este fuero. El juicio oral contra estos ex funcionarios, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, debía comenzar en 2020, pero la pandemia de COVID-19 lo suspendió. Hoy, la reanudación está frenada por un "incidente de prescripción" que se encuentra en apelación ante la Corte Suprema. La Asamblea teme que esta demora sea una estrategia para que el delito prescriba y el caso quede en la nada.
Tabla Comparativa del Estado Judicial
| Instancia Judicial | Imputados / Responsables Señalados | Estado Actual |
|---|---|---|
| Justicia Provincial (San Juan) | 8 operarios de la mina. (Directivos y funcionarios provinciales no investigados) | Causa cerrada con el pago de una fianza por parte de los operarios. Impunidad para los altos mandos. |
| Justicia Federal (Nacional) | Ex-secretarios de Ambiente y Minería de la Nación. (CEO de Barrick Gold excluido) | Juicio oral suspendido. A la espera de una resolución de la Corte Suprema sobre un pedido de prescripción. |
La Sombra de la Ley de Glaciares
A la tragedia del derrame se suma otra grave irregularidad: la mina Veladero opera en zonas prohibidas por la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. Esta ley, fundamental para proteger nuestras reservas estratégicas de agua dulce, prohíbe expresamente la actividad minera en estas áreas. Barrick Gold intentó vetar la ley acudiendo a la justicia, pero en 2019, la Corte Suprema falló a favor de su constitucionalidad. A pesar de este fallo contundente, la mina sigue activa en una zona protegida, y ningún funcionario provincial ha sido imputado por permitir esta flagrante violación a la legislación ambiental. Esto evidencia, una vez más, cómo los intereses corporativos parecen estar por encima de la ley y de la protección de nuestros recursos naturales.
El Futuro de Veladero y la Herida Abierta
Mientras la justicia se demora, la mina Veladero sigue extrayendo oro y Barrick Gold planea continuar sus operaciones por varios años más. La herida de 2015 sigue abierta. La contaminación dejó una huella que podría ser irreversible, afectando la calidad del agua, la agricultura y la salud de miles de personas. La desconfianza en las instituciones se ha profundizado, y la comunidad de Jáchal vive con el temor constante de que una catástrofe similar vuelva a ocurrir. El caso Veladero es un doloroso emblema de un modelo extractivista que prioriza el beneficio económico a corto plazo por sobre la vida y la sostenibilidad del planeta. La lucha de la Asamblea es un recordatorio de que sin justicia ambiental, no hay justicia social posible.
Preguntas Frecuentes sobre el Caso Veladero
¿Qué fue exactamente el derrame de la mina Veladero?
Fue la fuga de más de un millón de litros de una solución con cianuro y mercurio desde la pila de lixiviación de la mina Veladero en San Juan, Argentina, ocurrida en septiembre de 2015. El derrame contaminó al menos cinco ríos de la cuenca del río Jáchal.
¿Quiénes son los responsables y han sido juzgados?
A nivel provincial, solo 8 operarios de bajo rango fueron procesados y pagaron una fianza. Los altos directivos de la empresa Barrick Gold y los funcionarios del gobierno provincial no enfrentaron consecuencias judiciales significativas. A nivel federal, ex funcionarios nacionales están procesados por falta de control, pero el juicio está paralizado.
¿Por qué la mina sigue funcionando si contamina y viola la Ley de Glaciares?
A pesar de que la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, que prohíbe la minería en la zona donde opera Veladero, la falta de acción por parte de la justicia provincial y los permisos vigentes le han permitido continuar sus operaciones. Esto es uno de los principales reclamos de las asambleas ambientales.
¿Qué es la "Asamblea Jáchal no se toca"?
Es una organización de ciudadanos autoconvocados del departamento de Jáchal, en San Juan, que se formó tras el derrame de 2015. Su objetivo es exigir justicia por el desastre ambiental, denunciar la contaminación y luchar por la prohibición de la megaminería contaminante para proteger el agua y la salud de su comunidad.
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