13/10/2000
La Argentina contemporánea se define, en gran medida, por una marcada polarización política que permea casi todos los aspectos de la vida pública. Dos eventos recientes, aparentemente desconectados, sirven como un perfecto termómetro para medir esta tensión: un histórico decomiso de drogas en Buenos Aires y la designación del país para presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ambos episodios no solo revelan diferencias en la gestión, sino que reabren el debate sobre el legado de la administración de Mauricio Macri y las decisiones tomadas por el actual gobierno de Alberto Fernández, poniendo en evidencia dos visiones de país diametralmente opuestas.
Seguridad y Fronteras: El Debate Reavivado por un Decreto Derogado
El anuncio de la Policía de la Ciudad sobre el secuestro de más de 100 kilos de cocaína en Lomas de Zamora se convirtió rápidamente en una plataforma para la crítica política. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no solo celebró el operativo como un “día histórico”, sino que lo utilizó para lanzar duras acusaciones contra el Gobierno nacional, afirmando que este “pone palos en la rueda” en la lucha contra el narcotráfico. Esta declaración enciende nuevamente una discusión sobre las políticas de seguridad y, en particular, sobre la gestión de fronteras y la situación de los extranjeros que delinquen en el país.
En este contexto, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, trajo a colación una de las decisiones más simbólicas del inicio de la gestión de Alberto Fernández: la derogación del decreto 70/2017. Este decreto, firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, había modificado la Ley de Migraciones para agilizar los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales o que cometieran delitos en Argentina. La oposición argumenta que su anulación ha debilitado las herramientas del Estado para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, creando un ambiente más permisivo.
El reclamo de Jorge Macri es claro: “Queremos volver a poner sobre la mesa la necesidad de recuperar un marco legal para deportar a los delincuentes de origen extranjero”. La crítica apunta a que la derogación de esta normativa fue uno de los “primeros actos de gobierno” de Fernández, lo que se interpreta como una declaración de principios contraria a la política de “mano dura” que la gestión anterior buscaba proyectar.
Dos Visiones sobre la Ley de Migraciones
Para entender la profundidad de esta diferencia, es útil comparar los enfoques de ambas administraciones respecto a la política migratoria y de seguridad. La controversia no reside en si los extranjeros pueden o no ingresar al país, sino en cómo el Estado debe actuar frente a aquellos que utilizan el territorio para actividades ilícitas.
| Aspecto Clave | Visión de la Gestión Macri (Decreto 70/2017) | Visión de la Gestión Fernández (Derogación) |
|---|---|---|
| Extranjeros con Antecedentes | Establecía impedimentos de ingreso y permanencia para extranjeros con cualquier tipo de antecedente penal, ya fuera en Argentina o en el exterior. | Volvió a un esquema donde se consideran principalmente las condenas firmes y se evalúa la proporcionalidad de la medida, alineándose con una visión más garantista. |
| Proceso de Expulsión | Creaba un procedimiento “especial sumarísimo” que acortaba drásticamente los plazos para la expulsión, limitando las instancias de apelación. | Restableció los plazos y garantías procesales anteriores, argumentando que el proceso sumarísimo podía vulnerar el derecho a la defensa. |
| Enfoque Principal | Priorizaba la seguridad nacional y el orden público, vinculando la celeridad en la expulsión con una herramienta de prevención del delito. | Se centra en los derechos humanos del migrante, asegurando el debido proceso y evitando medidas que pudieran ser consideradas discriminatorias. |
Política Exterior: Un Giro Estratégico en las Naciones Unidas
Mientras el debate sobre la seguridad interna ardía en Buenos Aires, en Ginebra, Suiza, se producía otro hecho significativo que ilustra el cambio de rumbo del país. Argentina fue designada por unanimidad para ejercer la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante 2022. Este nombramiento, impulsado por el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), representa un importante logro diplomático para la administración de Alberto Fernández.
Lo interesante de este suceso es el contraste con la política exterior del gobierno anterior. Hacia finales de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, Argentina había decidido no competir activamente por mantener una posición de liderazgo dentro del Consejo. La estrategia del gobierno de Cambiemos se había enfocado en otros foros y alianzas internacionales. Con la llegada del Frente de Todos, esta postura cambió radicalmente. El canciller Santiago Cafiero calificó la elección como “un reconocimiento al compromiso de nuestro país con los derechos humanos como parte de la identidad nacional”.
La designación no estuvo exenta de complejidades diplomáticas. Para asegurar el consenso regional, la diplomacia argentina tuvo que moverse hábilmente, consiguiendo el apoyo de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones a menudo cuestionadas por sus propios registros en materia de derechos humanos. De hecho, Argentina había expresado previamente su “preocupación” por la situación en Nicaragua. Este pragmatismo diplomático, que incluyó gestos como la donación de vacunas a países del Caribe, evidencia una estrategia que busca recuperar el protagonismo en organismos multilaterales, marcando otra clara ruptura con el legado inmediato de su predecesor.
El Legado en Disputa: ¿Continuidad o Ruptura?
Ambos casos, el debate por el decreto migratorio y la presidencia del Consejo de DD.HH., no son hechos aislados. Son dos caras de la misma moneda: la revisión y, en muchos casos, la reversión sistemática de las políticas implementadas entre 2015 y 2019. Lo que para la oposición es un retroceso en seguridad y un alineamiento internacional cuestionable, para el oficialismo es la restauración de una política soberana y un enfoque de derechos que consideran abandonado.
La frase de Rodríguez Larreta, “muchas veces están más del lado de los delincuentes que de las víctimas”, encapsula la narrativa de la oposición. Por otro lado, el éxito en la ONU refuerza el discurso del gobierno sobre el regreso de Argentina a un lugar de respeto en el escenario mundial, defendiendo las banderas históricas de los derechos humanos. Esta batalla por el relato y por la definición del “deber ser” del Estado argentino es el núcleo de la polarización que define el presente y, muy probablemente, el futuro del país.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué establecía exactamente el decreto de Macri sobre migraciones?
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 modificaba la Ley de Migraciones para, entre otras cosas, acelerar la deportación de extranjeros que hubieran cometido delitos. Reducía los plazos procesales, limitaba las apelaciones y ampliaba las causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de personas con antecedentes penales, incluso sin condena firme.
¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández derogó ese decreto?
El gobierno actual lo derogó mediante el Decreto 138/2021, argumentando que la norma de 2017 era “irrazonable y desproporcionada”, que criminalizaba la migración y que violaba garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa. Se buscó volver al espíritu original de la Ley de Migraciones, considerada de avanzada en materia de derechos humanos.
¿Qué significa para Argentina presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
Es una posición de alta visibilidad y responsabilidad diplomática. Le otorga al país un rol de liderazgo en el debate y la promoción de los derechos humanos a nivel global. Para el gobierno actual, es una validación de su política exterior y un retorno a lo que considera un pilar de la identidad democrática argentina.
¿Cómo se relacionan la política de seguridad y la política exterior en este contexto?
Se relacionan porque ambos reflejan una misma tensión ideológica. La disputa sobre el decreto migratorio es un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos. La estrategia en la ONU es una apuesta por un perfil internacional basado en la defensa de esos mismos derechos. Las dos arenas muestran cómo una misma administración busca aplicar una visión coherente, que a su vez choca frontalmente con la visión de la gestión que la precedió.
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