Balance Ambiental del Sexenio de AMLO en México

El año 2024 marcó el fin de un sexenio en México que será recordado por un profundo desdén hacia la agenda ambiental. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, autodenominada la "Cuarta Transformación", priorizó de manera sistemática la construcción de megaproyectos de infraestructura por encima de la conservación de los ecosistemas y el respeto a los derechos de las comunidades. Este enfoque dejó un saldo de instituciones ambientales debilitadas, un aumento en la violencia contra los defensores del territorio y una degradación acelerada de algunos de los biomas más ricos del planeta, sembrando serias dudas sobre el futuro ecológico de la nación.

Megaproyectos: ¿Desarrollo a Qué Costo?

El estandarte del modelo de desarrollo del sexenio fue, sin duda, el llamado Tren Maya. Inaugurado en su totalidad justo al final del mandato, el presidente lo calificó como una "hazaña", omitiendo deliberadamente el devastador costo ambiental que implicó su construcción. Para dar paso a las vías, se deforestaron más de 6,659 hectáreas de selva, fragmentando un ecosistema vital para la supervivencia de especies como el jaguar. La obra no solo ignoró leyes ambientales, sino que perforó y contaminó cenotes, las joyas geológicas y fuentes de agua dulce de la Península de Yucatán, y dividió comunidades que dependían de la integridad de su territorio.

Este no fue un caso aislado. El gobierno también impulsó otros proyectos con graves consecuencias socioambientales:

• La Refinería Dos Bocas: Construida en una zona de manglares en Tabasco, un ecosistema crucial para la protección costera y la biodiversidad.
• El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT): Un proyecto que planea la instalación de al menos diez parques industriales en Oaxaca y Veracruz, amenazando territorios indígenas y ecosistemas frágiles.

En todos estos casos, se observó un patrón recurrente: la minimización o elusión de herramientas legales clave como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los procesos de consulta popular, que fueron realizados de forma apresurada y sin garantizar una participación genuina de las comunidades afectadas.

El Desmantelamiento Institucional: Un Sector Ambiental en Crisis

Una de las estrategias más efectivas para allanar el camino a estos proyectos fue el debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de la gestión ambiental. Desde el inicio del sexenio, el sector sufrió drásticos recortes presupuestarios. Aunque en 2024 el presupuesto nominal para Medio Ambiente y Recursos Naturales superó los 70 mil millones de pesos, la realidad es que más del 80% de esos fondos se destinaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), principalmente para obras hidráulicas y bajo críticas de opacidad y favorecimiento a grandes concesionarios.

Esta asfixia financiera dejó al resto del sector al borde del colapso. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por ejemplo, perdió casi por completo su capacidad operativa para combatir delitos como la tala y la pesca ilegal. La falta de inspectores y recursos la convirtió en una autoridad ausente y omisa, generando un clima de total impunidad. Expertos coinciden en que las instituciones fueron llevadas "al límite de la inoperancia", sin presencia efectiva en el campo, lo que abrió la puerta a un problema aún más grave: el control de los territorios por parte del crimen organizado.

Violencia Silenciosa: Defensores Ambientales Bajo Asedio

México ya era uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente, pero durante el sexenio de López Obrador la situación se agudizó. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), 102 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas entre 2018 y 2024. Tan solo en 2023 se registraron 20 homicidios.

Más allá de los asesinatos, la violencia adoptó nuevas formas. La criminalización se disparó, con al menos 61 activistas vinculados a carpetas de investigación por oponerse a proyectos como el CIIT. A esto se sumó una constante estigmatización desde el púlpito presidencial. En sus conferencias matutinas, el presidente descalificaba y atacaba a personas, comunidades y organizaciones que denunciaban los daños ambientales de sus proyectos, generando un ambiente de hostilidad que los hacía aún más vulnerables.

La falta de implementación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que México impulsó pero no aplicó, es un claro reflejo de esta falta de voluntad política para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, y sobre todo, para proteger a quienes defienden la naturaleza.

Tabla Comparativa: Política Ambiental 2018-2024

Territorios Perdidos: Deforestación y Crimen Organizado

El vacío de autoridad en las zonas rurales fue llenado por grupos del crimen organizado, que encontraron en la explotación ilegal de recursos naturales una lucrativa fuente de ingresos. La deforestación y la tala ilegal se dispararon. Se estima que cada año se extraen ilegalmente entre 7 y 9 millones de metros cúbicos de madera, una cifra que supera la totalidad del aprovechamiento legal en el país. Estados como Chihuahua, Durango y Michoacán han visto cómo sus bosques comunitarios, antes ejemplos de manejo sustentable, caen bajo el control de estos grupos.

La Península de Yucatán, afectada por el Tren Maya, la agroindustria y los desarrollos inmobiliarios, perdió al menos 285,580 hectáreas de cobertura forestal solo entre 2019 y 2023. Esta pérdida no solo destruye la biodiversidad, sino que agrava los efectos del cambio climático.

Un Mar de Problemas: El Olvido del Sector Pesquero

Los océanos y las comunidades costeras no corrieron con mejor suerte. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) fue una dependencia prácticamente fantasma durante el sexenio. El número de oficiales de pesca se redujo drásticamente, lo que llevó a un colapso en la vigilancia y un auge de la pesca ilegal, que se estima representa un 40% adicional a la captura declarada. Especies de gran valor comercial como el huachinango, el mero y el camarón se encuentran en grave riesgo por la sobreexplotación, mientras que las comunidades pesqueras enfrentan la pobreza sin alternativas ni políticas de adaptación al cambio climático.

Una Luz de Esperanza: ¿Qué Esperar del Nuevo Gobierno?

El 1 de octubre de 2024, México inició un nuevo capítulo con la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, una científica con un doctorado en ingeniería energética que formó parte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Su llegada y, sobre todo, los nombramientos en su gabinete ambiental, han generado una ola de esperanza.

La designación de Alicia Bárcena, bióloga y diplomática de gran prestigio internacional, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), junto con otros perfiles técnicos y con amplia experiencia en áreas clave como la pesca y la agricultura, ha sido celebrada por la comunidad ambientalista nacional e internacional. Se percibe una oportunidad para reconstruir la política ambiental del país sobre bases científicas y de diálogo.

Sin embargo, la expectativa positiva se enfrenta a una dura realidad: el desafío de revertir seis años de desmantelamiento y degradación es monumental. El nuevo gobierno deberá demostrar con hechos, y sobre todo con presupuesto, que el medio ambiente ha dejado de ser la última prioridad en la agenda nacional.

Preguntas Frecuentes sobre la Política Ambiental del Sexenio 2018-2024

¿Cuál fue el principal problema ambiental durante el gobierno de López Obrador?

El principal problema fue una visión de desarrollo que priorizó megaproyectos de infraestructura por encima de cualquier consideración ambiental, lo que se tradujo en una masiva deforestación, contaminación de ecosistemas y el debilitamiento deliberado de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente.

¿Realmente aumentaron las áreas naturales protegidas?

Sí, el número de áreas decretadas aumentó considerablemente. Sin embargo, la gran mayoría de estas nuevas áreas, y muchas de las antiguas, carecen de presupuesto, personal y programas de manejo. Esto las convierte en "parques de papel", protegidas en el decreto pero vulnerables en la realidad.

¿Qué pasó con los defensores del medio ambiente?

Sufrieron niveles de violencia sin precedentes. México se consolidó como uno de los lugares más letales para defender la naturaleza. Además de los asesinatos y desapariciones, padecieron una intensa campaña de criminalización y estigmatización impulsada desde las más altas esferas del gobierno.

¿Hay motivos para ser optimistas con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum?

Sí, existen motivos para un optimismo cauto. El perfil científico de la presidenta y los nombramientos de personas expertas y reconocidas en el sector ambiental sugieren un posible cambio de rumbo. No obstante, el principal reto será asegurar que esta nueva visión se traduzca en un presupuesto adecuado y una voluntad política firme para enfrentar los enormes daños heredados.