Calilegua: La Justicia Frena el Daño Ambiental

En una decisión sin precedentes que marca un antes y un después para la legislación ambiental en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el cese inmediato de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy. Este fallo histórico, emitido el 25 de febrero de 2021, responde a un amparo ambiental presentado por ciudadanos y pone fin a una paradoja que se extendió por décadas: la extracción de hidrocarburos en el corazón de una de las áreas protegidas más importantes del país. La sentencia no solo detiene una actividad industrial a todas luces incompatible con la conservación, sino que también reafirma la vigencia de principios fundamentales como el precautorio y la obligación de recomponer el ambiente dañado.

Un Paraíso Amenazado: El Tesoro Biológico del Parque Nacional Calilegua

Para comprender la magnitud de esta decisión, primero es necesario dimensionar el valor del lugar en cuestión. El Parque Nacional Calilegua, creado en 1979, abarca más de 76,000 hectáreas de la ecorregión de las Yungas. Este ecosistema, conocido como selva de montaña, es uno de los ambientes con mayor biodiversidad de Argentina, albergando una riqueza de flora y fauna que es vital para el equilibrio ecológico regional.

Declarado Reserva Natural Estricta en 1990 y parte de la Reserva de Biósfera de las Yungas por la UNESCO en 2002, Calilegua es el hogar de especies emblemáticas y amenazadas. Entre sus densos bosques y ríos cristalinos habitan:

• El yaguareté y el puma, los felinos más grandes del continente.
• El tapir, la corzuela colorada y pecaríes.
• Más de 500 especies de aves, incluyendo tucanes, pavas de monte y urracas.
• Especies vegetales autóctonas de incalculable valor, conformando uno de los últimos remanentes de la Selva Pedemontana.

Este santuario natural, cuyo propósito es la conservación a perpetuidad, ha convivido durante más de cuarenta años con la amenaza constante de la industria petrolera, una contradicción que finalmente ha sido abordada por el máximo tribunal de justicia del país.

El Origen del Conflicto: Petróleo en el Corazón de la Selva

La historia del yacimiento "Caimancito" es compleja y se remonta a 1969, diez años antes de la creación del parque. En aquel entonces, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) comenzó la perforación y extracción de crudo en la zona. Cuando en 1979 el Estado Nacional aceptó la donación de tierras para crear el Parque Nacional Calilegua, el yacimiento petrolero quedó insólitamente incluido dentro de sus límites.

Con el paso de los años y la privatización de YPF, la concesión del área pasó por múltiples manos. Desde uniones transitorias de empresas como Petróleos Sudamericanos S.A. y Necon S.A., hasta gigantes como Pluspetrol S.A. y JHP International Petroleum Engineering Ltda. Esta sucesión de operadores continuó una actividad que las leyes de protección ambiental y de parques nacionales prohíben expresamente, generando un conflicto legal y un daño ambiental progresivo.

La situación se volvió insostenible, con denuncias recurrentes por parte de guardaparques y la propia Administración de Parques Nacionales (APN), quienes alertaban sobre los riesgos y la degradación visible del ecosistema.

Las Cicatrices Ambientales: Evidencias del Deterioro

El fallo de la Corte Suprema se fundamenta en pruebas contundentes que demuestran la degradación ambiental causada por la actividad hidrocarburífera. No se trata de riesgos potenciales, sino de daños constatados y peligros inminentes.

Dos focos principales de contaminación fueron identificados:

1. El Pozo Abandonado Ca.e3: Ubicado en las inmediaciones del parque, este pozo perforado en la década de 1970 y luego abandonado, colapsó. Desde entonces, emana de forma constante un flujo de agua termal con altísima salinidad (más de 100 g/litro), a una temperatura de 60-70 grados centígrados y con presencia de hidrocarburos y metales pesados como el cobre. Este efluente, clasificado como "residuo peligroso", drena directamente al arroyo Yuto, que a su vez ingresa al parque y desemboca en el Río San Francisco, afectando toda la cuenca hídrica del Río Bermejo. El impacto es visible: los guardaparques reportaron la desaparición total de peces y renacuajos aguas abajo del punto de contaminación.
2. Infraestructura Obsoleta y Riesgo de Derrames: Dentro del parque, la infraestructura del yacimiento Caimancito presenta un estado de deterioro alarmante. Con más de 32 pozos (12 de ellos activos al momento del fallo), 24 kilómetros de oleoductos y 8 kilómetros de gasoductos, gran parte de estas instalaciones superan los 40 años de antigüedad. La APN denunció la falta de inversión en mantenimiento, lo que representa un riesgo constante de roturas y derrames de petróleo crudo directamente sobre el suelo y las fuentes de agua de una Reserva Natural Estricta.

Actividad Petrolera vs. Conservación: Un Contraste Irreconciliable

La Batalla Legal: Un Fallo Fundado en la Defensa de la Vida

La Corte Suprema, al tomar el caso en su competencia originaria dada la participación del Estado Nacional y una provincia, no se limitó a resolver una cuestión administrativa. Su fallo se adentra en el corazón del derecho ambiental moderno, aplicando principios clave:

• Principio Precautorio: Ante el peligro de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede ser una excusa para no tomar medidas. El tribunal entendió que el riesgo que representaba la vieja infraestructura era suficiente para actuar de inmediato.
• Principio de Prevención: Es preferible y prioritario evitar que el daño ocurra a tener que remediarlo después. La suspensión de la actividad es una medida de prevención pura.
• Visión Ecocéntrica: El fallo reconoce que el ambiente no es un mero objeto al servicio del ser humano. Tiene un valor intrínseco que debe ser protegido por sí mismo. Se habla de los derechos del propio sistema ecológico.
• Principio In Dubio Pro Natura: Ante la duda, se debe fallar a favor de la protección y conservación del medio ambiente.

El tribunal fue claro al señalar que la actividad petrolera en Calilegua era "manifiestamente ilegal" y que la degradación continua solo desaparecería con el cierre definitivo de la explotación.

El Futuro de Calilegua: Hacia la Remediación y el Cierre Definitivo

La orden de cese es solo el primer paso. Ahora comienza la etapa más compleja y costosa: la remediación ambiental. El fallo abre la puerta a la exigencia de un plan de cierre definitivo, seguro y sustentable para todos los pozos y la infraestructura existente. Esto implica:

• El sellado técnico y permanente de los 32 pozos para evitar futuras fugas.
• El desmantelamiento y retiro de kilómetros de oleoductos, gasoductos y otras instalaciones.
• El saneamiento de los suelos empetrolados y la restauración de las áreas afectadas.
• La implementación de un plan para detener la contaminación del pozo Ca.e3 y remediar el daño en el arroyo Yuto.

La Provincia de Jujuy, que ya había sancionado una ley provincial (Nº 5889) para el cese de la actividad, junto con el Estado Nacional y la Administración de Parques Nacionales, tienen ahora la responsabilidad de supervisar y garantizar que las empresas responsables asuman los costos de esta monumental tarea de restauración ecológica.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso Calilegua

El caso del Parque Nacional Calilegua es un faro de esperanza. Demuestra que la movilización ciudadana y la aplicación valiente de la ley pueden detener la degradación ambiental incluso frente a poderosos intereses económicos. La batalla legal ha sido ganada, pero el verdadero trabajo apenas comienza: devolverle a la selva de las Yungas la paz y la integridad que nunca debió haber perdido.