Caso Curtume: Justicia contra la Contaminación

La lucha por un medio ambiente sano a menudo se libra en los tribunales, y el caso de la curtiembre Curtume en Nonogasta, La Rioja, es un claro ejemplo de ello. Lo que comenzó como una denuncia de un grupo de ciudadanos preocupados, la Asamblea El Retamo, en 2014, culminó en una resolución judicial histórica en julio de 2018. Este fallo no solo puso un freno a años de presunta contaminación, sino que también sentó un precedente sobre la responsabilidad empresarial y la obligación de reparar el daño causado. A continuación, desglosaremos este complejo caso, las medidas impuestas por la Justicia Federal y lo que significa para el futuro ambiental de la región.

El Origen de la Denuncia: Una Lucha Comunitaria de Largo Aliento

La historia de esta batalla legal se remonta al año 2014. La Asamblea El Retamo, una organización de vecinos de la zona, presentó una denuncia formal ante la Unidad Fiscal de Medio Ambiente (UFIMA) contra la empresa Curtume CBR S.A. por la gestión inadecuada de sus residuos. La industria del cuero es conocida por su alto potencial contaminante, generando efluentes líquidos con altas cargas orgánicas y químicas, así como residuos sólidos que, si no se tratan correctamente, pueden convertirse en focos de contaminación para el suelo, el agua y el aire.

El camino judicial fue sinuoso. Tras la investigación inicial de la UFIMA, la causa pasó por varias jurisdicciones. Un juzgado en Buenos Aires se declaró incompetente, trasladando el caso a un juzgado en Chilecito. Sorprendentemente, este tribunal local autorizó el enterramiento de residuos de la fábrica, una práctica altamente cuestionada por su potencial para contaminar las napas freáticas. Posteriormente, este mismo juzgado también se declaró incompetente, y la causa finalmente recayó en el Juzgado Federal de La Rioja, donde el enfoque cambió radicalmente.

La Sentencia Judicial: Un Veredicto Contundente

En agosto de 2017, el juez federal dictó una primera medida cautelar clave: prohibió a la curtiembre seguir enterrando residuos en su predio. Esta decisión, si bien positiva para el medio ambiente, generó un nuevo problema: la acumulación de toneladas de desechos a cielo abierto, ya que la empresa no contaba con un plan de gestión alternativo. Ante esta situación, y tras nuevas presentaciones, el 12 de julio de 2018, el juez Adolfo Guzmán amplió y modificó la medida cautelar, emitiendo una orden clara y con plazos estrictos para la empresa. Estas medidas representaron un ultimátum para Curtume, con la advertencia de una posible clausura en caso de incumplimiento.

Las Cinco Órdenes Clave de la Justicia

El fallo judicial se estructuró en cinco puntos fundamentales, diseñados para abordar de manera integral el problema de los residuos peligrosos y el daño ambiental existente:

• Disposición de Residuos Orgánicos: Se le otorgó a la empresa un plazo de 30 días para trasladar todos los retazos de cuero (blue, semiterminado y terminado) acumulados en el predio al Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos de Chilecito.
• Gestión de Otros Residuos: En el mismo plazo de 30 días, la curtiembre debía disponer de otros residuos como pelambre, grasas y barros de la planta de efluentes, contratando para ello a un tratador de residuos debidamente certificado.
• Cese del Vertido a Piletones: Una de las medidas más drásticas fue la orden de remover y/o inutilizar por completo, en 30 días, todo el sistema de cañerías y bombeo que transportaba los efluentes líquidos y desechos hacia el complejo de lagunas y piletones. Esto buscaba cortar de raíz la fuente de contaminación de esos cuerpos de agua.
• Disposición Final de Residuos Peligrosos: La empresa fue instruida para gestionar, en 30 días, la disposición final de todos los residuos industriales y peligrosos que se encontraban acumulados de forma transitoria en la planta.
• Plan de Remediación Ambiental: Quizás el punto más importante a largo plazo. Se le exigió a Curtume presentar, en un plazo máximo de 60 días, un plan integral de gestión y remediación definitiva tanto de los residuos como del predio afectado por años de malas prácticas.

Tabla Comparativa: Antes y Después del Fallo Judicial

Para visualizar el cambio de paradigma que impuso la resolución judicial, podemos comparar las prácticas anteriores con las exigencias actuales.

El Desafío Logístico y la Responsabilidad Compartida

La implementación de estas medidas no es sencilla. El Secretario de Ambiente de la Provincia, Santiago Azulay, explicó que la fiscalización estaría a cargo de su secretaría y del municipio de Chilecito. La empresa debía hacerse cargo de los costos de traslado y tratamiento de los residuos peligrosos, lo que implicaba una logística compleja. En Argentina, existen pocas plantas habilitadas para recibir este tipo de desechos, ubicadas en provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Neuquén, lo que encarece y dificulta el proceso. La planta de Córdoba se encontraba inhabilitada y la legislación de Buenos Aires impedía el ingreso de residuos de otras jurisdicciones.

Esta situación pone de manifiesto un problema mayor: la falta de infraestructura a nivel regional y nacional para la gestión de residuos industriales complejos, lo que a menudo sirve de excusa para las empresas que optan por soluciones más baratas e ilegales, como el vertido o el enterramiento.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso Curtume

Conclusión: Un Paso Hacia la Justicia Ambiental

El caso de la curtiembre de Nonogasta es mucho más que una noticia local. Es un símbolo de la perseverancia ciudadana y un recordatorio de que el sistema judicial puede y debe actuar como garante del derecho a un ambiente sano. La contundente resolución del Juzgado Federal no solo obliga a una empresa a hacerse cargo de sus responsabilidades, sino que también ilumina la necesidad urgente de políticas públicas más robustas para la fiscalización industrial y la gestión de residuos. El camino hacia la recuperación total del predio será largo y requerirá un monitoreo constante, pero este fallo representa una victoria fundamental en la búsqueda de la justicia ambiental y un futuro más sostenible para las comunidades afectadas por la contaminación industrial.