Acuerdo de Escazú: Democracia Ambiental en A. Latina

En el corazón de los debates sobre el futuro de nuestro planeta, emerge un instrumento legal sin precedentes para América Latina y el Caribe: el Acuerdo de Escazú. Este tratado no es solo un conjunto de normas; es una declaración de principios y un plan de acción concreto para fortalecer la democracia ambiental, proteger a quienes defienden la naturaleza y garantizar el derecho de todos a un medio ambiente sano. Nacido de la necesidad de materializar los compromisos adquiridos décadas atrás, este acuerdo representa un faro de esperanza en una de las regiones más biodiversas y, a la vez, más peligrosas del mundo para los activistas ambientales.

El acuerdo aborda una tríada de derechos fundamentales, conocidos como los derechos de acceso: el derecho a la información ambiental, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. A través de sus disposiciones, busca empoderar a la ciudadanía, asegurar que las decisiones que afectan nuestro entorno se tomen de manera transparente e inclusiva, y ofrecer un camino para la reparación cuando se producen daños ecológicos. Es, en esencia, una herramienta para construir un desarrollo verdaderamente sostenible, donde el progreso económico no se consiga a costa de la degradación ambiental ni de la vulneración de los derechos humanos.

Origen y Evolución: Del Principio 10 de Río a Escazú

Para comprender la magnitud del Acuerdo de Escazú, es necesario remontarse a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. En aquella histórica conferencia, se adoptó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo Principio 10 sentó las bases de lo que hoy conocemos como democracia ambiental. Este principio establece que "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados". Reconocía que para lograrlo, era indispensable garantizar el acceso a la información, la participación en las decisiones y el acceso a procedimientos judiciales y administrativos.

Durante años, este principio fue una guía, una aspiración. Sin embargo, la región de América Latina y el Caribe decidió ir un paso más allá. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, diez países manifestaron su voluntad de crear un instrumento regional para implementar plenamente el Principio 10. Este fue el germen del Acuerdo de Escazú.

El proceso de negociación, que se extendió desde 2014 hasta 2018, fue un ejemplo de diplomacia y participación. Liderado por Chile y Costa Rica, contó con la intervención activa de 24 países y, de manera crucial, con la significativa participación de la sociedad civil, expertos y el público en general. Este diálogo abierto culminó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, con la adopción del texto final. El acuerdo entró en vigor el 22 de abril de 2021, Día de la Tierra, tras alcanzar el número necesario de ratificaciones, marcando un antes y un después en la gobernanza ambiental de la región.

Los Pilares Fundamentales del Acuerdo

El tratado se estructura en torno a tres derechos de acceso interconectados, que son la columna vertebral de la democracia ambiental:

• Acceso a la Información Ambiental: Cada país Parte se compromete a garantizar el derecho del público a acceder a la información ambiental que está en su poder. Esto incluye datos sobre emisiones, residuos, riesgos para la salud, estado de los recursos naturales y permisos ambientales. El acuerdo promueve la transparencia proactiva, obligando a las autoridades a generar y difundir información de manera accesible y sistemática, por ejemplo, a través de informes nacionales sobre el estado del medio ambiente.
• Participación Pública en la Toma de Decisiones Ambientales: El acuerdo establece mecanismos para asegurar que la ciudadanía pueda participar de manera efectiva en decisiones que le afectan, como la autorización de grandes proyectos de infraestructura, la elaboración de políticas o la creación de normativas ambientales. Esta participación debe ser abierta, inclusiva y producirse en etapas tempranas del proceso, cuando aún es posible influir en el resultado final.
• Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales: Se garantiza el derecho de las personas y comunidades a recurrir a instancias judiciales y administrativas para hacer valer sus derechos ambientales. Esto implica poder impugnar decisiones que violen la legislación ambiental, exigir la reparación de daños ecológicos y acceder a medidas cautelares para prevenir un daño inminente. El acuerdo también contempla la creación de mecanismos de apoyo para superar barreras económicas o de otro tipo, como la asistencia jurídica gratuita.

Un Escudo para los Defensores Ambientales

Quizás la característica más innovadora y celebrada del Acuerdo de Escazú es su explícito reconocimiento y protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. América Latina y el Caribe es, lamentablemente, la región más peligrosa del mundo para quienes alzan la voz en defensa de la tierra, los ríos y los bosques. Asesinatos, amenazas, criminalización y acoso son una realidad constante.

El Artículo 9 del acuerdo obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio para que estas personas y grupos puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad. Esto implica tomar medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar ataques o intimidaciones contra ellos. Es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones específicas y vinculantes sobre este tema, lo que representa un hito crucial en la lucha por los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Estado de Ratificación en la Región

La adopción del acuerdo es solo el primer paso. Su efectividad depende de que los países lo firmen y, posteriormente, lo ratifiquen o se adhieran a él, integrándolo en su legislación nacional. A continuación, se presenta un panorama del estado del acuerdo en algunos países clave.

Nota: La tabla muestra una selección de países y su estado puede haber variado. La lista completa de firmantes y Partes se actualiza constantemente.

Análisis por País: Caminos Divergentes

Chile: De Impulsor a Parte del Tratado

Chile, junto a Costa Rica, fue uno de los grandes impulsores del acuerdo. Sin embargo, en una decisión controvertida, el segundo gobierno de Sebastián Piñera se negó a firmarlo, argumentando posibles riesgos a la soberanía nacional. Esta postura generó un amplio rechazo de la sociedad civil y el mundo académico. Con el cambio de gobierno, el presidente Gabriel Boric firmó el acuerdo en uno de sus primeros actos de mandato en marzo de 2022, y el Congreso lo ratificó meses después, cerrando un capítulo de incertidumbre y realineando al país con el espíritu que ayudó a crear.

Colombia: Una Ratificación Necesaria

En Colombia, uno de los países con mayor número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo, la ratificación del Acuerdo de Escazú fue un proceso largo y lleno de debates. A pesar de la evidente necesidad de un instrumento de este tipo, sectores políticos y empresariales expresaron su oposición. Finalmente, tras una fuerte movilización social y un cambio en el panorama político, el Congreso colombiano aprobó la ratificación en 2022, un paso considerado vital para fortalecer la protección de sus defensores y la gobernanza ambiental en un contexto de posconflicto.

Perú: El Debate Pendiente

Perú, otro país con altos índices de violencia contra defensores indígenas y ambientales, fue un activo participante en las negociaciones y uno de los primeros firmantes. Sin embargo, el proceso de ratificación se estancó en el Congreso. Argumentos sobre la pérdida de soberanía y la supuesta innecesaridad del tratado, promovidos por sectores empresariales y políticos, llevaron al archivo del proyecto de ley en 2020. A pesar de los llamados de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y organizaciones indígenas, la ratificación sigue siendo una tarea pendiente, dejando a sus defensores en una situación de vulnerabilidad.

Preguntas Frecuentes sobre el Acuerdo de Escazú

¿Qué es exactamente el Acuerdo de Escazú?

Es un tratado internacional de carácter ambiental para América Latina y el Caribe. Su objetivo es garantizar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, además de proteger a los defensores del medio ambiente.

¿Por qué es tan importante para la región?

Es el primer acuerdo de su tipo en la región y el primero en el mundo con disposiciones vinculantes para la protección de los defensores ambientales. Busca fortalecer la democracia, la transparencia y el estado de derecho en la gestión ambiental, en una región de gran riqueza natural pero con enormes desafíos sociales y de gobernanza.

¿El acuerdo es obligatorio para los países?

Sí, para los países que lo han ratificado o se han adherido a él, el acuerdo es jurídicamente vinculante. Esto significa que están obligados a adaptar su legislación y prácticas internas para cumplir con las disposiciones del tratado.

¿Qué pasa si un país no lo ratifica?

Un país que solo ha firmado el acuerdo muestra su intención de avanzar hacia la ratificación, pero no está legalmente obligado por sus disposiciones. Los países que no lo firmaron en el plazo establecido aún pueden formar parte mediante un proceso de adhesión, que tiene el mismo efecto que la ratificación.

¿Cómo protege el acuerdo a los defensores del medio ambiente?

Obliga a los Estados a tomar medidas concretas para crear un entorno seguro para ellos, previniendo, investigando y sancionando cualquier ataque, amenaza o intimidación. Reconoce su rol fundamental y busca asegurar que puedan realizar su labor sin temor.