Defensores Ambientales en Chile: Riesgo y Lucha

En un país de geografía tan diversa y sobrecogedora como Chile, la defensa del medio ambiente debería ser una causa nacional. Sin embargo, la realidad para quienes alzan la voz por la protección de la naturaleza es cada vez más oscura y peligrosa. Un reciente informe de la organización Escazú Ahora ha encendido todas las alarmas: la violencia contra los defensores y defensoras ambientales no solo persiste, sino que se ha intensificado de manera dramática durante el 2024, revelando una cruda paradoja entre los compromisos internacionales del país y la desprotección que viven los activistas en sus propios territorios.

Radiografía de la Violencia: Cifras que Duelen

Las estadísticas presentadas son contundentes y no dejan lugar a dudas. Durante el 2024, se registraron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 personas defensoras del medio ambiente. Esta cifra representa un preocupante aumento en comparación con los 35 casos contra 20 personas contabilizados el año anterior. Lo más alarmante es el cambio en la naturaleza de las agresiones: la violencia física se ha triplicado, superando a las amenazas como la principal forma de ataque. Hoy, los ataques físicos constituyen el 49% de los casos, lo que se traduce en un promedio de una agresión cada siete días.

Esta escalada de violencia tiene un rostro particularmente femenino. Aunque el número total de víctimas hombres y mujeres es similar (14 y 13 respectivamente), las mujeres acumularon el 70% de los casos de vulneración. Esto indica que muchas de ellas sufrieron múltiples y reiterados actos de intimidación y violencia. De hecho, un 48,4% de las agresiones dirigidas hacia mujeres fueron de naturaleza física, demostrando una vulnerabilidad específica y una saña particular en los ataques.

Sebastian Benfeld, presidente de Escazú Ahora, sugiere que este incremento puede deberse a una combinación de factores, incluyendo el aumento de los conflictos socioambientales y, crucialmente, la impunidad que rodea a estos crímenes. La falta de consecuencias para los perpetradores parece haber creado un ambiente donde agredir a un defensor ambiental es un acto sin castigo.

El Laberinto de la Impunidad Judicial

La violencia no solo ocurre en los territorios en disputa, sino que se ve perpetuada por un sistema judicial que parece lento e ineficaz. De los 47 casos de vulneración documentados, solo 29 fueron denunciados formalmente ante la justicia. Esto significa que un alarmante 38,2% de los casos ni siquiera llegaron a una instancia judicial, probablemente por desconfianza, miedo a represalias o falta de recursos.

Para aquellos que sí decidieron confiar en el sistema, el camino ha sido frustrante. Más de seis meses después de presentadas las denuncias, 25 de ellas permanecen en trámite, sin avances significativos. Tres fueron rechazadas o tuvieron un resultado desfavorable para las víctimas, y solo una, una única denuncia, obtuvo una resolución a favor. Estos números pintan un panorama desolador de impunidad, donde la justicia no está cumpliendo su rol de proteger a quienes defienden un bien común.

Zonas de Conflicto: El Mapa del Riesgo

La violencia no se distribuye de manera uniforme en el territorio chileno. El informe identifica tres regiones como las más conflictivas, concentrando la mayoría de los casos:

• Región de Valparaíso: Con un 26,9% de los casos.
• Región del Bío Bío: También con un 26,9% de los casos.
• Región de Los Lagos: Con un 15,4% de los casos.

No es coincidencia que estas regiones sean escenario de intensos conflictos socioambientales, particularmente relacionados con la industria forestal, proyectos inmobiliarios en zonas de valor ecológico y la defensa de fuentes de agua. Es en estos lugares donde las comunidades locales se enfrentan a poderosos intereses económicos, y donde la labor de los defensores se vuelve más crucial y, a la vez, más peligrosa.

El Marco Legal: Entre Promesas y Realidades

Irónicamente, Chile ha dado pasos importantes en el papel. En marzo de 2022, el país ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado pionero a nivel mundial diseñado específicamente para proteger a los activistas medioambientales y garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, en marzo de 2024 se reactivó la tramitación de un proyecto de ley para proteger a los defensores de la naturaleza. Sin embargo, la brecha entre la ley y la realidad es inmensa.

Tabla Comparativa: Protección Ambiental en Chile

Un Contexto Constitucional que Siembra Dudas

La desprotección de los defensores ambientales no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto más amplio donde el modelo de desarrollo y el marco legal general generan controversia. El análisis de la propuesta de nueva Constitución de 2023, realizado por académicos del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, reveló profundas preocupaciones.

Los expertos señalaron que el texto propuesto parecía desconfiar de la institucionalidad ambiental, priorizando una visión de desarrollo económico por sobre la protección ecológica. Conceptos como desarrollo sustentable eran definidos de manera ambigua, sin un equilibrio real entre los pilares económico, social y ambiental. Se criticó que el derecho a vivir en un medio ambiente sano quedara condicionado a que "permita la sustentabilidad y el desarrollo", una adición que podría ser utilizada para limitar su alcance.

Esta visión podría perpetuar la existencia de las llamadas zonas de sacrificio, territorios donde se concentran industrias contaminantes en desmedro de la salud de sus habitantes y ecosistemas. Si el marco legal más importante de un país no establece de manera clara y contundente la prioridad de la protección ambiental y de los derechos humanos, se crea un terreno fértil para que los conflictos socioambientales escalen y la violencia contra quienes los denuncian se normalice.

La situación en Chile es un llamado de atención urgente. Proteger a los defensores y defensoras ambientales es proteger el patrimonio natural de todos, es defender la democracia y garantizar un futuro sostenible. La ratificación de tratados y la creación de leyes son pasos necesarios, pero inútiles si no se traducen en acciones concretas, en justicia efectiva y en un compromiso real del Estado y la sociedad para acabar con la impunidad.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Es un tratado regional de América Latina y el Caribe, el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Además, garantiza los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas medioambientales.

¿Por qué las mujeres defensoras son más vulnerables?

El informe destaca que reciben la gran mayoría de las amenazas, lo que sugiere campañas de intimidación reiteradas. A nivel mundial, las mujeres defensoras a menudo enfrentan amenazas específicas de género, desafían estructuras de poder patriarcales y corren riesgos dentro de sus propias comunidades, además de las amenazas de actores externos como empresas o grupos ilegales.

¿Qué son las "zonas de sacrificio"?

Es un término utilizado para describir territorios que soportan una carga ambiental desproporcionada debido a la concentración de industrias contaminantes y actividades extractivas. El concepto refleja cómo la salud y el entorno de estas comunidades son "sacrificados" en nombre de un desarrollo económico cuyos beneficios a menudo van a otras partes.

¿Qué se puede hacer para ayudar a los defensores ambientales?

Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en terreno, visibilizar y difundir información sobre la situación, exigir a las autoridades políticas que apliquen las leyes existentes y creen protecciones más robustas, y promover un consumo responsable para disminuir la presión sobre los recursos naturales son acciones fundamentales que cualquier ciudadano puede tomar.