Defensores en Perú: Proteger la Tierra Cuesta la Vida

En el corazón de una de las naciones más biodiversas del planeta, una guerra silenciosa se libra cada día. En Perú, ser un defensor ambiental, un guardián de los bosques, ríos y territorios ancestrales, se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Quienes alzan la voz para proteger el medio ambiente de la devastación causada por economías ilegales se enfrentan a una escalada de violencia sin precedentes: amenazas, hostigamiento, ataques y, en demasiados casos, el asesinato. Esta es la crónica de una lucha desigual, donde la vida se pone en juego para preservar el futuro de todos y la impunidad parece ser la única respuesta de un Estado ausente.

El Rostro de la Tragedia: Historias que Claman Justicia

Las estadísticas son frías, pero detrás de cada número hay un nombre, una familia destrozada y una comunidad aterrorizada. La lista de mártires ambientales en Perú no deja de crecer. En abril de 2024, Victorio Dariquebe, un guardaparque indígena de la Reserva Comunal Amarakaeri, perdió la vida en circunstancias que aún se investigan. Victorio ya había sido amenazado por denunciar el avance de la minería ilegal en la zona. Su muerte eleva a 34 la cifra oficial de defensores asesinados en la última década, aunque muchas voces aseguran que el número real es mucho mayor.

Su caso no es aislado. En noviembre de 2023, Quinto Inuma, jefe de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, fue asesinado a sangre fría. Lo paradójico y doloroso de su muerte es que Quinto contaba con medidas de protección del Ministerio de Justicia. Había denunciado incansablemente el tráfico de tierras, la tala ilegal y el narcotráfico en su territorio. Su asesinato demostró la ineficacia de los protocolos existentes y obligó a decenas de familias a huir de sus hogares por miedo a represalias.

Estos crímenes se suman a casos emblemáticos que continúan sin justicia, como el de Saweto en 2014, donde cuatro líderes asháninkas, incluyendo a Edwin Chota, fueron asesinados. A día de hoy, sus viudas siguen exigiendo que el Estado cumpla las promesas de educación para sus hijos y pensiones de orfandad, un doloroso recordatorio de la deuda pendiente.

Una Realidad Alarmante en Cifras

Perú se ha consolidado tristemente como uno de los lugares más peligrosos del mundo para la defensa ambiental. Según la organización Global Witness, ocupa el sexto lugar en este macabro ranking. América Latina concentra más del 80% de los asesinatos a nivel global, convirtiéndose en el epicentro de la violencia contra los protectores de la naturaleza.

Países más peligrosos para defensores ambientales en América Latina

Solo desde 2021, se han registrado 35 crímenes en el país, y muchos más ni siquiera son reportados por el miedo o la lejanía. Esta violencia no se limita a la Amazonía. Como advierte Javier Ruiz, defensor de la Reserva de Chaparrí en Lambayeque, “en todas las regiones donde se alza la voz para proteger los ecosistemas hay persecución”.

¿Por Qué Ocurre? Las Raíces del Conflicto

La violencia contra los defensores no es aleatoria; es una respuesta directa y brutal de redes criminales que ven amenazados sus lucrativos negocios ilegales. Las principales causas de los conflictos son:

• Minería y Tala Ilegal: Actividades que devastan miles de hectáreas de bosque, contaminan ríos con mercurio y operan con total impunidad en regiones como Madre de Dios.
• Narcotráfico: Utiliza los territorios indígenas como corredores para el transporte de drogas y para el cultivo de hoja de coca, deforestando y sembrando violencia.
• Tráfico de Tierras e Invasiones: Grupos organizados se apropian ilegalmente de territorios comunales para expandir la agricultura de monocultivos o para la especulación, desplazando a las comunidades.
• Megaproyectos sin Consulta: Proyectos hidroeléctricos o extractivos que se imponen sin el consentimiento de las comunidades, generando graves impactos sociales y ambientales.

“Defender la vida, no el lucro”, exclamó con indignación Olivia Bisa, defensora de Loreto, resumiendo el núcleo de un conflicto donde la defensa del territorio ancestral choca frontalmente con la codicia de economías criminales.

El Papel del Estado: Leyes de Papel y Ausencia Real

A pesar de contar con un marco normativo que, en teoría, debería proteger a los defensores, la realidad es desoladora. Perú tiene una Constitución que garantiza el derecho a un ambiente sano, ha creado el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” y un “Mecanismo intersectorial” para el mismo fin. Sin embargo, para quienes están en el frente de batalla, estas herramientas son letra muerta.

El abogado ambientalista Carlos Soria es tajante: “Son el nivel más básico de respuesta. Lo que realmente se necesita es un plan de acción concreto que indique cómo neutralizar la amenaza”. Soria critica que los protocolos se reducen a medidas declarativas que lucen bien en informes, pero no ofrecen soluciones prácticas. Hay una profunda desconexión entre las decisiones tomadas en los escritorios de la capital y la cruda realidad de la Amazonía.

Marisol García, presidenta de la Fepikecha, lo confirma con su testimonio: “Las medidas de protección que nos han dado son simplemente un documento en papel. Cuando realmente necesitamos protección, la policía no está presente o nos dicen que carecen de presupuesto o recursos”. La excusa de la falta de logística es recurrente: la policía local no tiene botes, camionetas ni combustible para responder a las emergencias en comunidades remotas. El Estado, en la práctica, los ha dejado solos.

Protección Prometida vs. Realidad en el Terreno

Propuestas y Caminos Hacia una Protección Efectiva

En medio de la crisis, surgen propuestas claras desde la sociedad civil y las propias comunidades. Los expertos como Carlos Soria insisten en la necesidad de un enfoque multisectorial y multinivel, con personal jerarquizado y recursos destinados a neutralizar las amenazas, no solo a documentarlas. Esto incluye capacitación a jueces, fiscales y policías sobre la gravedad de estos delitos.

Desde las comunidades, las soluciones son aún más concretas. Marisol García propone fortalecer las rondas comunales, su sistema de seguridad ancestral, y exige al Estado que priorice el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas para frenar el despojo que abre la puerta a las actividades ilegales.

Una herramienta fundamental que podría cambiar este panorama es el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, e incluye disposiciones específicas para proteger a los defensores. Trágicamente, a pesar de la insistencia de organizaciones indígenas y ambientalistas, el Congreso peruano se ha negado a ratificarlo, cediendo a presiones de sectores económicos que prefieren la opacidad.

Preguntas Frecuentes sobre los Defensores Ambientales en Perú

¿Quiénes son considerados defensores ambientales en Perú?

Son personas y comunidades, en su mayoría integrantes de pueblos indígenas y campesinos, pero también guardaparques, activistas y periodistas, que actúan de manera pacífica para proteger sus tierras, los recursos naturales y el derecho a un medio ambiente sano.

¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan?

Las amenazas más graves provienen de actores vinculados a la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras. Estas amenazas van desde el hostigamiento y la criminalización hasta la violencia física y el asesinato.

¿Por qué son insuficientes las medidas de protección actuales del Estado?

Porque carecen de presupuesto, voluntad política y un enfoque práctico. A menudo se limitan a emitir documentos sin un acompañamiento real, mientras las fuerzas del orden en las zonas de riesgo no cuentan con los recursos logísticos para actuar eficazmente.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es importante para Perú?

Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que contiene disposiciones vinculantes para proteger a los defensores ambientales. Su ratificación obligaría al Estado peruano a crear mecanismos más robustos para prevenir ataques, investigar crímenes y garantizar un entorno seguro para la defensa del ambiente.

La situación de los defensores ambientales en Perú es un reflejo de la fragilidad institucional y una herida abierta en la conciencia nacional. Cada defensor asesinado es una biblioteca de conocimiento ancestral que se quema, un ecosistema que pierde a su guardián más valiente y una prueba más de la incapacidad del Estado para proteger a quienes salvaguardan nuestro patrimonio natural. La deuda con ellos sigue creciendo, y saldarla requiere más que discursos y protocolos; exige justicia, acción y un compromiso real para que defender la vida deje de costar la vida.