UPM en Uruguay: Crónica de una contaminación admitida

El murmullo constante del Río Uruguay ha sido, durante décadas, la banda sonora de la vida en sus orillas, uniendo y separando a la vez a Argentina y Uruguay. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, a ese murmullo se le sumó el ruido de la controversia industrial y el clamor de la preocupación ambiental. En el centro de este torbellino se encuentra la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM (anteriormente Botnia), un proyecto que prometía desarrollo económico pero que desató uno de los conflictos socioambientales más importantes de la región. La pregunta que sobrevoló durante años fue: ¿contamina la pastera? Y, más importante aún para la rendición de cuentas, ¿cuándo reconoció oficialmente el gobierno de Uruguay un caso de contaminación por parte de la empresa?

El Origen de un Conflicto Binacional

Para entender el presente, es crucial viajar al año 2005. Fue entonces cuando se encendieron las alarmas con el anuncio de la instalación no de una, sino de dos mega plantas de celulosa en las cercanías de Fray Bentos, Uruguay, justo frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú. Las empresas eran la española ENCE y la finlandesa Metsa-Botnia. La reacción de la comunidad de Gualeguaychú fue inmediata y contundente. Temiendo por la salud del río compartido, la calidad del aire y el futuro de su economía basada en el turismo, nació la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

Lo que siguió fue una serie de movilizaciones masivas sin precedentes. Miles de ciudadanos marcharon, protestaron y, en una medida que escaló el conflicto a nivel internacional, cortaron de manera intermitente el puente internacional General San Martín, la principal vía de comunicación terrestre entre ambos países. La presión social y diplomática tuvo un primer resultado tangible: la empresa ENCE desistió de su proyecto y relocalizó su inversión. Sin embargo, Botnia decidió seguir adelante. La planta fue construida y comenzó a operar oficialmente el 8 de noviembre de 2007, transformando para siempre el paisaje y la dinámica de la región.

La Batalla Legal Llega a La Haya

Con la planta en funcionamiento y el diálogo diplomático estancado, el gobierno argentino decidió llevar el caso a la máxima instancia judicial internacional: la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La demanda, presentada en 2006, acusaba a Uruguay de haber violado el Estatuto del Río Uruguay, un tratado bilateral que obliga a ambas partes a consultar a la otra antes de autorizar cualquier obra que pueda afectar la calidad de las aguas compartidas.

El proceso fue largo y tenso. Finalmente, en abril de 2010, la Corte emitió su fallo. Fue una decisión salomónica que dejó un sabor agridulce en ambas orillas. Por un lado, la Corte determinó que Uruguay, efectivamente, había violado sus obligaciones procesales al no informar adecuadamente a Argentina sobre el proyecto. Sin embargo, por otro lado, declaró que no había pruebas concluyentes de que la planta estuviera contaminando el río en ese momento. Por lo tanto, el fallo permitió que la pastera de UPM (que para entonces ya había adquirido Botnia) siguiera funcionando, pero con una condición crucial: la creación de un sistema de monitoreo conjunto y continuo sobre los efluentes de la planta y la calidad del río, gestionado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Las Pruebas Científicas: ¿Qué Decían los Informes?

El fallo de La Haya no cerró el debate, sino que lo trasladó del ámbito legal al científico. Durante años, la CARU realizó monitoreos, pero sus resultados a menudo se manejaban con hermetismo. El punto de inflexión llegó a finales de 2016. Un extenso y detallado informe técnico, producto del monitoreo conjunto y realizado con el apoyo de un prestigioso laboratorio canadiense, fue presentado a las cancillerías de ambos países.

Los resultados, según trascendió, fueron contundentes. El documento detallaba la presencia de diversos elementos y desviaciones en los parámetros del agua por encima de los valores permitidos por las normativas y los estándares internacionales. Se detectaron anomalías tanto en la zona de influencia directa de la planta en Fray Bentos como en aguas cercanas a Gualeguaychú. Aunque el informe no asignaba causalidad directa en todos los casos, la evidencia científica de una alteración en el ecosistema del río era innegable y ponía una enorme presión sobre las autoridades.

2018: El Reconocimiento Oficial del Gobierno Uruguayo

A pesar de la evidencia acumulada, la admisión oficial se hizo esperar. Finalmente, en 2018, llegó la confirmación, aunque no a través de una declaración pública directa, sino por la vía administrativa. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay impuso una multa a la empresa UPM.

La razón de la sanción fue haber vertido sobre el Río Uruguay efluentes con sustancias tóxicas, específicamente fósforo, que superaron los límites máximos permitidos por la normativa ambiental uruguaya. Aunque la multa fue considerada por muchos como simbólica —apenas medio millón de pesos uruguayos (unos 15.000 dólares de la época)—, su importancia política y ambiental fue mayúscula. Ese acto administrativo constituyó el primer reconocimiento oficial e inequívoco por parte del Estado uruguayo de un episodio de contaminación provocado por la pastera. Era la prueba fáctica que los movimientos ambientalistas habían esperado durante más de una década.

Tabla Comparativa de Posturas

UPM 2: La Polémica se Traslada al Río Negro

Lejos de cerrar el capítulo, el conflicto ambiental en Uruguay se expandió. La empresa UPM confirmó una inversión de más de 3.000 millones de dólares para construir una segunda planta, UPM 2, esta vez en el centro del país, sobre las márgenes del Río Negro, el curso de agua interno más importante de Uruguay. Este proyecto, que comenzó a operar en 2023, reavivó todas las preocupaciones.

Ambientalistas como Martín Alazard, de la Asamblea de Gualeguaychú, advirtieron sobre el "efecto acumulativo innegable", ya que el Río Negro desemboca finalmente en el Río Uruguay, a pocos kilómetros de la primera planta. Además, el contrato firmado entre el gobierno uruguayo y la empresa generó una enorme polémica por su secretismo y por las concesiones otorgadas, como un régimen de zona franca con amplias exoneraciones fiscales y, lo más preocupante, la garantía por parte del Estado de un caudal mínimo de agua para la planta, lo que implica obras que alteran el régimen natural del río.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso UPM

Un Debate Abierto Hacia el Futuro

La historia de UPM en Uruguay es un complejo entramado de desarrollo económico, tensiones diplomáticas, activismo ciudadano y ciencia ambiental. La multa de 2018 marcó un antes y un después, ya que rompió el discurso de la "contaminación cero" y validó, a través de un acto oficial, las denuncias que durante años sostuvieron los movimientos ambientalistas. Aunque el monto fue pequeño, el precedente fue enorme. Hoy, con dos megaplantas operando en la misma cuenca hidrográfica, el debate sobre el modelo de desarrollo, la soberanía sobre los recursos naturales y el verdadero costo del progreso sigue más vigente que nunca en la agenda pública de Uruguay y la región.