22/02/2016
El agua, fuente de vida y recurso indispensable para el desarrollo, se ha convertido en un vehículo de enfermedad y desesperación en una importante zona productiva de Mendoza. Lo que comenzó como un fallo de infraestructura, el colapso de una colectora cloacal, ha derivado en una crisis ambiental y sanitaria de proporciones alarmantes. La decisión de volcar cientos de litros de líquidos cloacales crudos por segundo al canal Pescara no solo ha contaminado el agua de riego, sino que ha sembrado la incertidumbre y el miedo entre productores y residentes, poniendo en tela de juicio la efectividad de los controles ambientales y la estructura de responsabilidades de los organismos estatales.

El Origen del Desastre: Una Colectora Colapsada
Todo se desencadenó con el colapso de una infraestructura clave: la colectora cloacal principal de la zona. Ante la emergencia, la empresa estatal Aguas Mendocinas solicitó y obtuvo una autorización de emergencia por parte del Departamento General de Irrigación (DGI) para desviar el flujo de aguas servidas directamente al canal Pescara. A través de la Resolución 319, se le concedió un permiso inicial por 45 días, que posteriormente fue prorrogado por 30 días más. La magnitud del problema se refleja en el volumen del vuelco: 300 litros de líquidos cloacales sin tratar por segundo, vertidos a la altura de la calle Buena Nueva. Esta medida, concebida como una solución temporal, se ha transformado en una fuente continua de contaminación con consecuencias devastadoras.
El Impacto Directo: Campos Regados con Aguas Servidas
Las zonas más críticamente afectadas por esta decisión son Los Corralitos y Colonia Segovia, en el departamento de Guaymallén, áreas de gran valor agrícola. Los informes técnicos del propio Departamento General de Irrigación son contundentes: los canales Colonia y Auxiliar Tulumaya, vitales para el riego de la región, presentan niveles bacteriológicos extremadamente altos. La preocupación principal radica en la masiva presencia de la bacteria E. coli y otros coliformes fecales, indicadores directos de contaminación con materia fecal y agentes patógenos peligrosos.
El relevamiento de Irrigación determinó una afectación directa sobre 490 hectáreas cultivadas. Dentro de esta superficie, al menos 30 fincas productivas se encuentran en una situación crítica. El mayor riesgo se asocia a la producción de hortalizas y verduras que habitualmente se consumen crudas, como la lechuga o el tomate. La gran incógnita que atormenta a la comunidad es qué ha sucedido con los productos cosechados y distribuidos desde que comenzó el episodio de contaminación aguda. El riesgo no es solo para el consumidor final, sino también para los trabajadores agrícolas y las familias que viven en las inmediaciones, expuestas directamente al agua contaminada y a los desbordes que, a pesar del desvío al canal, siguen ocurriendo en la vía pública en puntos críticos como las calles Severo del Castillo y 2 de mayo.
Un Cóctel Tóxico: La Composición del Agua en el Canal Pescara
Para entender la gravedad del vuelco autorizado, es fundamental ponerlo en perspectiva. El canal Pescara ya es un cuerpo de agua que recibe efluentes de 32 industrias de la zona, cuyo proceso de saneamiento ha sido cuestionado en el pasado. Sin embargo, el volumen de este nuevo vertido eclipsa por completo la carga contaminante preexistente. Los 300 litros por segundo de líquidos cloacales crudos representan casi el 40% del caudal total del canal, alterando drásticamente su ecosistema y su capacidad de autodepuración.
A continuación, una tabla comparativa para visualizar la magnitud del problema:
| Fuente de Vuelco | Volumen (litros/segundo) | Naturaleza del Efluente |
|---|---|---|
| 32 Industrias (vuelco total en pico) | ~125 l/s | Industriales, con tratamiento previo (variable) |
| Aguas Mendocinas (vuelco de emergencia) | 300 l/s | Líquidos cloacales crudos, sin tratamiento |
| Agua de 5 perforaciones (para dilución) | 277 l/s | Agua limpia para intentar mitigar el impacto |
Como se puede observar, el aporte de Aguas Mendocinas es más del doble del total de todas las industrias juntas. Ni siquiera el aporte adicional de agua limpia de las perforaciones es suficiente para diluir una carga de contaminación tan masiva.
La Paradoja del Control: ¿Quién Vigila al Vigilante?
Aquí es donde la situación revela una complejidad institucional preocupante. La pregunta central es: ¿quién controla a los operadores de agua y cloacas? La respuesta es, en este caso, el Departamento General de Irrigación. Recientemente, Irrigación absorbió las competencias del extinto Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS), convirtiéndose en el organismo de control. Sin embargo, Aguas Mendocinas, el operador responsable del vuelco, es también una empresa estatal. Ambas entidades, el controlador y el controlado, dependen del mismo poder político y sus titulares, Sergio Marinelli (Irrigación) y Humberto Mingorance (Aysam), son funcionarios de larga data en la misma gestión de gobierno.
Esta estructura genera serias dudas sobre la independencia y la capacidad de ejercer un control riguroso. Si bien Irrigación ha emitido advertencias y ha ordenado a Aguas Mendocinas garantizar la no comercialización de los productos afectados, también ha prorrogado el permiso para continuar con el vuelco contaminante. La advertencia de que la prórroga no exime de responsabilidad a la empresa frente a terceros parece más una formalidad legal que una medida de protección efectiva para los afectados, quienes se sienten desamparados.
La Salud Pública en Jaque y la Batalla Legal
La voz de los afectados resuena con impotencia. El abogado Marcelo Romano, querellante en la causa penal que se ha iniciado para determinar si se cometió un delito ambiental, lo expresa con claridad: "Hay que tener empatía con lo que sufren. Hay mucha impotencia. Colonia Segovia vive gente que tiene hijos, que sufre esto. Es muy triste. Los controles ambientales no se cumplen en Mendoza. No hay cómo controlar". Sus palabras reflejan el sentir de una comunidad que ve cómo su medio de vida y su salud son sacrificados ante una emergencia de infraestructura mal gestionada. La investigación penal en curso es una luz de esperanza para que se sienten precedentes y se determinen las responsabilidades por este grave daño ambiental y social.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál es el problema principal en el canal Pescara?
- El vertido de 300 litros por segundo de aguas cloacales sin tratar, provenientes del colapso de una colectora principal, lo que ha contaminado gravemente el agua de riego.
- ¿Qué riesgos existen para la salud?
- El principal riesgo es la contaminación de alimentos, especialmente hortalizas de consumo crudo, con bacterias peligrosas como E. coli. También existe un riesgo directo para la salud de las personas que viven y trabajan en la zona afectada.
- ¿Quiénes son los responsables de esta situación?
- Aguas Mendocinas es la empresa estatal que realiza el vertido. El Departamento General de Irrigación es el organismo, también estatal, que autorizó el vertido y que, paradójicamente, tiene la función de controlar a la empresa.
- ¿Son seguros los vegetales de la zona afectada?
- Irrigación ha ordenado a Aguas Mendocinas que garantice que los productos agrícolas afectados no se comercialicen. Sin embargo, existe una gran preocupación por los productos que ya pudieron haber sido distribuidos antes de que se tomaran estas medidas.
- ¿Qué se está haciendo para solucionarlo?
- Se están realizando trabajos para reparar la colectora colapsada, pero mientras tanto, el vertido contaminante continúa bajo un permiso prorrogado. Paralelamente, hay una investigación penal en curso para deslindar responsabilidades.
En conclusión, la crisis del canal Pescara es mucho más que un problema técnico. Es un reflejo de la fragilidad de nuestra infraestructura, de las posibles fallas en los sistemas de control ambiental y de las devastadoras consecuencias que las decisiones administrativas pueden tener sobre la vida de las personas. La solución no pasa únicamente por reparar una tubería, sino por replantear la estructura de control, garantizar la independencia de los organismos reguladores y priorizar la salud pública y la sostenibilidad ambiental por encima de cualquier otra consideración. El futuro de la producción agrícola en la región y la confianza de la comunidad en sus instituciones están en juego.
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