04/11/2021
La tranquilidad de una zona residencial en Pilar, provincia de Buenos Aires, se vio abruptamente interrumpida por un enemigo invisible pero ensordecedor: el ruido incesante de dos centrales termoeléctricas. Lo que comenzó como un murmullo industrial pronto se convirtió en un estruendo que robó el sueño y la paz de miles de vecinos, desatando una de las batallas ambientales y legales más significativas de la región. Esta es la crónica de cómo la unión ciudadana, la persistencia y la búsqueda de justicia lograron poner freno a dos gigantes industriales, demostrando que la voz de una comunidad puede ser más fuerte que las turbinas más potentes.
El Origen del Conflicto: Cuando la Industria Llegó al Barrio
La historia se remonta al año 2016, durante la gestión del presidente Mauricio Macri. En un esfuerzo por hacer frente a la crisis energética del país, el Ministerio de Energía licitó y adjudicó la instalación de 20 centrales térmicas en diversas localidades. Dos de ellas, conocidas como Matheu II y Matheu III, fueron destinadas a un predio en la localidad de Villa Rosa, Pilar, en el límite con el partido de Escobar. Las empresas a cargo de estos proyectos eran Araucaria Energy SA y APR Energy SRL.
El problema fundamental radicaba en la ubicación. Las plantas se instalaron en un área que, hasta ese momento, era de carácter residencial. Estaban peligrosamente cerca de hogares, escuelas y barrios cerrados. Para viabilizar el proyecto, el entonces intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, otorgó una excepción al código urbano y posteriormente rezonificó el área como industrial, una decisión muy criticada por los residentes. La cercanía era alarmante:
- A 250 metros del pueblo de Matheu.
- A 400 metros del barrio Los Pilares.
- A 750 metros del country Campo Chico.
- A 2230 metros del Colegio Saint Matthews.
Desde el principio, los proyectos fueron clasificados como industrias de Categoría 3, la más alta en términos de riesgo ambiental según la legislación provincial. Esto encendió las alarmas no solo por el impacto sonoro, sino también por las potenciales emisiones contaminantes y el consumo de recursos naturales vitales.
Un Ruido Infernal: El Calvario de los Vecinos
Poco después de su puesta en marcha, la vida de los vecinos se convirtió, en sus propias palabras, en "un infierno". El principal y más inmediato impacto fue la contaminación acústica. Las turbinas generaban un ruido constante y vibraciones que penetraban en los hogares día y noche.
En una carta publicada en la plataforma Change.org, los afectados describían su calvario: "Nos cuesta dormir porque el ruido y las vibraciones no cesan. Padecemos de momentos de ansiedad, angustia extrema... Terminamos nuestros días aturdidos, con los oídos con zumbidos y con dolores de cabeza. Nuestros hogares se convirtieron en nuestras cárceles".
Las mediciones realizadas por las autoridades y los propios vecinos confirmaron la gravedad de la situación. Se registraron picos de ruido que superaban los 107 decibeles (dB). Para poner esto en perspectiva, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el oído humano puede tolerar hasta 55 dB sin sufrir daños, y recomienda que durante la noche el nivel no supere los 40 dB. El umbral del dolor se sitúa alrededor de los 120 dB, lo que significa que los niveles registrados en Pilar se acercaban peligrosamente a causar daños físicos directos, además del ya insoportable malestar psicológico.
Más Allá del Ruido: Los Peligros Ocultos
Si bien el ruido fue el detonante de la protesta, las preocupaciones de la comunidad iban mucho más allá. Las dos centrales, con una potencia combinada de casi 500 MW, representaban otras serias amenazas para el ecosistema local.
El Consumo de Agua del Acuífero Puelche
Uno de los puntos más críticos, señalado por el juez Adrián Charvay en sus fallos, fue el enorme consumo de agua. Se estimaba que el funcionamiento de ambas plantas requeriría la extracción de cinco millones de litros de agua diarios del acuífero Puelche. Este acuífero es una de las reservas de agua dulce subterránea más importantes de la región y la principal fuente de agua potable para un alto porcentaje de la población de Pilar y Escobar, que se abastece mediante perforaciones. La explotación intensiva de este recurso no solo ponía en riesgo la disponibilidad de agua para consumo humano, sino que también abría la puerta a una posible contaminación del mismo.
Emisiones y Riesgo Ambiental
Como industrias de Categoría 3, el potencial de contaminación atmosférica era significativo. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó que el impacto de estas centrales incluye la emisión de material particulado (PM2.5, las más dañinas para la salud), dióxido de azufre y otros gases de efecto invernadero. La operación simultánea de dos grandes plantas en una zona densamente poblada representaba un riesgo inaceptable para la salud respiratoria de miles de personas.
La Batalla Legal: David Contra Goliat
Frente a la inacción inicial de las autoridades, los vecinos se organizaron en grupos como la Asociación Civil JUVEVIR y "1810 Vecinos Unidos por Pilar". Así comenzó un largo y sinuoso camino judicial. El argumento central de su demanda fue que los estudios de impacto ambiental se habían realizado de forma individual para cada planta, sin considerar el efecto acumulativo y sinérgico que tendría la operación conjunta de ambas. Esta omisión constituía una grave falla en el procedimiento de habilitación.
En 2017, el juez federal de Campana, Adrián Charvay, dictó una medida cautelar que frenó la puesta en marcha de las generadoras, dando la razón a los vecinos y acreditando los potenciales efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, las empresas apelaron y la Cámara Federal de San Martín revocó la medida. La lucha no se detuvo: los vecinos llevaron su caso en queja hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un fallo histórico, la Corte Suprema, con el voto de cuatro de sus jueces, dejó sin efecto la resolución de la Cámara y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Finalmente, la Cámara Federal de San Martín ratificó la decisión original del juez Charvay, ordenando la clausura preventiva de ambas centrales mientras durara el juicio principal, que busca su erradicación definitiva. La justicia se basó en los principios precautorio y preventivo, que obligan a tomar medidas protectoras ante la mera sospecha de un daño grave o irreversible al ambiente.
Tabla Comparativa: Pilar Antes y Durante las Termoeléctricas
| Aspecto | Situación Previa | Situación con las Centrales Operando |
|---|---|---|
| Nivel de Ruido | Típico de zona residencial (aprox. 35.5 dB) | Constante, con picos superiores a 107 dB |
| Calidad de Vida | Tranquilidad, contacto con la naturaleza | Ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, estrés |
| Recursos Hídricos | Acuífero Puelche preservado | Riesgo de sobreexplotación (5 millones L/día) y contaminación |
| Calidad del Aire | Aire limpio, propio de zonas suburbanas | Riesgo de emisiones de material particulado y gases de efecto invernadero |
| Zonificación | Residencial | Modificada a Industrial para permitir la instalación |
El Desenlace y el Futuro de la Zona
La victoria judicial fue un punto de inflexión. La Municipalidad de Pilar, bajo la nueva gestión del intendente Federico Achával, y el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) provincial procedieron a la clausura efectiva de la central de Araucaria. La presión constante y los fallos judiciales llevaron a que una de las empresas, APR Energy, anunciara en julio de 2021 su retirada definitiva y el desmantelamiento de su planta.
Hoy, la central de Araucaria permanece en el lugar, pero inoperativa y clausurada. Los vecinos, aunque celebran el logro, se mantienen en alerta. Su objetivo final es la erradicación completa de cualquier actividad industrial de ese tipo en el predio y que la zonificación se revierta a su estado original residencial. Como expresó Raúl Regis, presidente de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, "Vamos a pedir que dejen los terrenos en condiciones normales y habitables en cuanto a lo ambiental. No queremos que quede allí algún pasivo ambiental que después nos complique la vida".
El caso de las termoeléctricas de Pilar es un poderoso testimonio del impacto del activismo ciudadano y la importancia de un poder judicial que aplique los principios del derecho ambiental. Demuestra que el desarrollo energético no puede ni debe pasar por encima de la salud de la población y la integridad de los ecosistemas.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué exactamente fueron clausuradas las centrales?
La clausura principal se debió a los altísimos niveles de ruido que generaban, violando las normativas vigentes y afectando gravemente la salud de los vecinos. A esto se sumó la falta de habilitaciones ambientales completas y los riesgos asociados al consumo de agua y la potencial contaminación del aire.
¿Qué es una industria de "Categoría 3"?
Según la ley provincial 11.459 de Buenos Aires, es la máxima categoría de peligrosidad ambiental. Incluye a establecimientos que, por su naturaleza, se consideran peligrosos, insalubres o pueden ocasionar daños graves a la población o al medio ambiente, requiriendo estudios de impacto ambiental complejos y una ubicación alejada de zonas residenciales.
¿Qué niveles de ruido se registraron?
Se registraron picos sonoros que superaron los 107 decibeles (dB). La OMS recomienda no exceder los 55 dB durante el día para evitar daños a la salud.
¿Ambas centrales siguen allí?
No. La empresa APR Energy anunció su retiro y el desmantelamiento de su planta (Matheu III). La otra central, de Araucaria Energy (Matheu II), sigue en el predio pero se encuentra clausurada y sin operar por orden judicial.
¿Cuál fue el principal riesgo ambiental además del ruido?
El principal riesgo adicional fue el consumo proyectado de 5 millones de litros de agua diarios del acuífero Puelche, una fuente vital de agua potable para la región, y las potenciales emisiones de contaminantes atmosféricos peligrosos para la salud.
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