Defender la Tierra: Un Riesgo Mortal en México

En un país de vasta riqueza natural como México, ser guardián de los bosques, ríos y la tierra se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas. Quienes alzan la voz para proteger el patrimonio natural de todos enfrentan amenazas, agresiones y, en el peor de los casos, la muerte. Un reciente y devastador informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) pone cifras a esta tragedia, revelando una realidad que no puede ser ignorada: durante el año 2024, 25 personas defensoras del medio ambiente y el territorio fueron asesinadas, marcando un sombrío incremento del 20% en comparación con el año anterior. Esta cifra no es solo un dato estadístico; representa 25 vidas truncadas, 25 familias destrozadas y 25 comunidades que han perdido a sus líderes en la lucha por un futuro sostenible.

Cifras que Duelen: Una Década de Violencia Sistematizada

El onceavo informe presentado por el Cemda es un crudo recordatorio de la violencia sistemática que enfrentan los ecologistas en México. La cifra de 25 asesinatos en 2024 la posiciona como la segunda más alta de la última década, igualando el récord de 2021 y solo superada por los 29 homicidios registrados en el funesto año de 2017. La abogada del Cemda, Itzel Arteaga San Germán, detalló que de estas agresiones letales, 21 fueron clasificadas como homicidios y cuatro como ejecuciones extrajudiciales, un término que apunta directamente a la implicación de agentes de seguridad del Estado.

La perspectiva a largo plazo es aún más desoladora. En los últimos diez años, el Cemda ha documentado un total de 189 asesinatos de personas que dedicaron su vida a la defensa del medio ambiente. Este patrón de violencia ha colocado a México en el radar internacional, con organizaciones como Global Witness situando al país en el cuarto lugar a nivel mundial en este tipo de crímenes. Es una posición vergonzosa que evidencia una profunda crisis de derechos humanos y una impunidad rampante.

¿Quiénes son los Agresores? Un Mosaico de Amenazas

Una de las revelaciones más impactantes del informe es la identificación de los principales agentes agresores. Contrario a lo que podría pensarse, no es un único actor el que perpetra la violencia, sino una compleja red de intereses. El informe señala que el principal agresor es el propio Estado, responsable de 62 de los 94 eventos de agresión documentados. Esta participación puede manifestarse de diversas formas: desde la acción directa y el abuso de la fuerza hasta la omisión, la complicidad y la falta de investigación que perpetúa la impunidad.

En segundo lugar, se encuentran las empresas privadas, vinculadas a 25 eventos de agresión. Sus intereses económicos, a menudo relacionados con megaproyectos mineros, desarrollos turísticos, agroindustria o tala de bosques, chocan directamente con los derechos de las comunidades locales a un medio ambiente sano y a su territorio. La defensa de la tierra se convierte así en un obstáculo para el lucro, y la violencia, en una herramienta para eliminar esa oposición.

Finalmente, la delincuencia organizada figura como el tercer agresor, con 17 eventos documentados. Su implicación en actividades como la tala clandestina, la minería ilegal y el control de recursos hídricos los convierte en un enemigo formidable y violento para quienes protegen estos ecosistemas.

La convergencia de estos tres actores —Estado, empresas y crimen organizado— crea un entorno extremadamente hostil donde los defensores ambientales quedan atrapados en un fuego cruzado, a menudo sin protección ni acceso a la justicia.

Tabla Comparativa: La Violencia en Cifras (2023 vs. 2024)

Para comprender mejor la evolución de esta crisis, es útil visualizar los datos presentados por el Cemda en una tabla comparativa.

Aunque se observa una disminución en el número total de agresiones y ataques, el alarmante incremento en la letalidad de estos sugiere que la violencia se ha vuelto más extrema y mortal. Defender el medio ambiente es, literalmente, más peligroso que nunca.

El Acuerdo de Escazú: Una Promesa Incumplida

Gustavo Alanís, presidente del Cemda, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que cumplan con los compromisos internacionales de México, particularmente el Acuerdo de Escazú. Este tratado regional es el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su objetivo es garantizar tres derechos fundamentales:

• Acceso a la información ambiental: Que los ciudadanos sepan qué proyectos se planean en sus territorios.
• Participación pública: Que las comunidades puedan opinar y decidir sobre dichos proyectos.
• Acceso a la justicia: Que existan mecanismos efectivos para denunciar daños ambientales y proteger a quienes los denuncian.

A pesar de que México es signatario de este acuerdo, su implementación ha sido deficiente. La persistencia de la violencia demuestra que el marco legal no es suficiente si no se traduce en acciones concretas, voluntad política y el desmantelamiento de las redes de impunidad que permiten estos crímenes.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de los Defensores Ambientales

¿Por qué es tan peligroso ser defensor ambiental en México?

La peligrosidad radica en el choque de intereses. Los defensores se oponen a poderosos actores económicos y criminales que buscan explotar los recursos naturales (madera, minerales, agua, tierra) sin regulación y a costa del bienestar de las comunidades y los ecosistemas. La corrupción y la impunidad sistémica agravan el riesgo, ya que los agresores rara vez enfrentan consecuencias por sus actos.

¿Qué tipo de actividades defendían las personas asesinadas?

Defendían una amplia gama de causas: la protección de bosques contra la tala ilegal, como en el paraje La Joya del Gato; la defensa de ríos y cuencas contra la contaminación industrial o la construcción de presas; la oposición a proyectos mineros a cielo abierto que devastan el territorio; y la protección de tierras comunales e indígenas frente al despojo para desarrollos inmobiliarios o agroindustriales.

¿Qué se está haciendo desde el gobierno?

Según declaraciones de Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se están fortaleciendo las instituciones y trabajando en reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, organizaciones como el Cemda insisten en que el Mecanismo de Protección actual es insuficiente y se requiere una estrategia integral que aborde las causas estructurales de la violencia y garantice verdadera justicia.

¿Cómo puedo ayudar como ciudadano?

La indiferencia es cómplice de la violencia. Como ciudadano, puedes informarte sobre la situación a través de fuentes confiables, visibilizar y compartir las historias de los defensores en redes sociales, apoyar económicamente a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el terreno, y exigir a las autoridades locales y federales que cumplan con su deber de proteger a quienes nos protegen a todos y que investiguen estos crímenes hasta dar con los responsables materiales e intelectuales.

En conclusión, la defensa del medio ambiente en México es una lucha heroica librada por personas comunes que se enfrentan a un poder desmedido. Cada número en el informe del Cemda representa una voz silenciada, un proyecto de vida comunitario interrumpido y una herida abierta en el tejido social y ecológico del país. Honrar su memoria exige más que lamentos; exige acción, compromiso y la búsqueda incansable de un país donde proteger la vida no cueste la vida misma.