Polémica en Coronel Suárez por perros callejeros

Un profundo debate sobre el bienestar animal y las políticas públicas de control de fauna urbana se ha desatado en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. El epicentro de la controversia son las recientes declaraciones de su intendente, Ricardo Moccero, quien ha propuesto una drástica y alarmante medida para lidiar con la problemática de los perros en la calle: la creación de perreras de las cuales, según sus propias palabras, los animales no podrán ser recuperados. Esta postura ha generado un inmediato y contundente repudio por parte de organizaciones de protección animal, que la consideran no solo cruel e ineficaz, sino también ilegal.

La Propuesta de la Controversia: ¿Perreras sin Retorno?

Las declaraciones del intendente Moccero han sido claras y han dejado poco espacio para la interpretación. Desestimando la castración como solución principal, argumentó que el problema radica en el "instinto" de ciertas razas como el dogo o el pitbull. "¿Qué tiene que ver la castración con estos perros asesinos que muerden a las personas al pasar? Es su instinto", afirmó, sentando las bases de una política que parece enfocarse en la eliminación del animal del espacio público por sobre cualquier otra consideración.

El plan detallado por el funcionario es operativo y severo. Se implementaría una camioneta con personal dedicado a recoger a cualquier perro que se encuentre en la vía pública, sin distinción de raza. Un número de teléfono estaría disponible para que los vecinos denuncien la presencia de animales. Una vez capturados, los perros serían llevados a una perrera municipal. Es aquí donde la propuesta se vuelve más oscura y preocupante: Moccero aseguró que se pondrá vigilancia para que nadie pueda recuperar a los animales. "Que no larguen más los perros a la calle porque no los van a volver a ver. No vamos a permitir siquiera que lo saquen de la perrera", sentenció.

Esta afirmación abre un interrogante aterrador que resuena en toda la comunidad proteccionista y en los ciudadanos preocupados por el bienestar animal: si los dueños no pueden recuperarlos y no se pueden sacar de la perrera, ¿cuál será el destino final de estos animales? La sombra de la eutanasia masiva como política de estado municipal se cierne sobre Coronel Suárez.

El Marco Legal Ignorado: La Ley Provincial 13.879

La postura del intendente Moccero no solo choca con principios éticos básicos, sino que también parece ignorar deliberadamente la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires. La Ley 13.879, sancionada en 2008, establece un programa de equilibrio poblacional de perros y gatos, y es muy clara en sus objetivos y métodos. Esta ley obliga a los municipios a controlar la población de fauna urbana de manera ética, es decir, sin recurrir a la matanza.

El objetivo de la ley es alcanzar un punto donde la cantidad de animales sea igual a la cantidad de familias dispuestas a acogerlos. Para lograrlo, establece un Programa para el Control Ético de la Fauna Urbana que debe cumplir con seis características simultáneas para ser considerado efectivo:

• Gratuito: Al ser un tema de salud pública, el acceso a la castración no debe tener un costo para el ciudadano.
• Sistemático: Debe aplicarse de forma continua durante todo el año, no como campañas aisladas.
• Extendido: Debe cubrir todo el territorio del municipio, prestando especial atención a las zonas rurales y periféricas.
• Temprano: Promueve la castración a edades tempranas para evitar la reproducción descontrolada.
• Abarcativo: Debe incluir a todos los animales, sin distinción de especie (perros y gatos), raza o condición (con o sin dueño).
• Masivo: Para ser efectivo, se debe esterilizar a un mínimo del 20% de la población animal estimada por año en el distrito.

La propuesta de Moccero no solo no contempla estos puntos, sino que va en la dirección diametralmente opuesta, reemplazando una solución científica y ética como la castración masiva por un método de captura y confinamiento con un final incierto y presumiblemente trágico.

Dos Modelos Enfrentados: Comparativa de Estrategias

Para entender la magnitud de la diferencia entre la política propuesta y la que exigen la ley y los proteccionistas, es útil comparar ambos modelos:

La Voz de Alarma de las Organizaciones

La respuesta de las organizaciones de defensa animal no se hizo esperar. Desde la Fundación Amora, calificaron la medida como "monstruosa" y un claro reflejo de "la falta de políticas públicas de prevención, el incumplimiento de la ley 13.879 y el claro odio que este hombre siente por los demás animales".

El repudio se centra en que la propuesta no solo es cruel, sino que representa un retroceso de décadas en materia de derecho animal y salud pública. Las perreras como centros de exterminio son un modelo obsoleto y fracasado en todo el mundo, que ha demostrado ser no solo éticamente reprobable, sino también ineficiente para controlar la sobrepoblación. Los proteccionistas argumentan que si el intendente estuviera genuinamente interesado en una solución, no hablaría con tanto desprecio de las campañas de castración, que son la única herramienta validada científicamente para lograr un control poblacional humanitario.

La preocupación es mayúscula: "Esta persona (Funcionario Público) tiene poder y odia a los animales, y eso es algo muy peligroso que ya vivimos décadas pasadas. Es nuestro deber frenar esto ya", agregaron desde la fundación, haciendo un llamado a la acción ciudadana para impedir que el plan se concrete.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué propone exactamente el intendente de Coronel Suárez?

Propone un sistema de captura de todos los perros que se encuentren en la calle para llevarlos a una perrera municipal. Ha afirmado enfáticamente que los dueños no podrán recuperar a sus animales una vez que estén allí.

¿Es legal esta propuesta?

La propuesta parece contravenir directamente la Ley Provincial 13.879 de Buenos Aires, que obliga a los municipios a realizar un control poblacional ético, basado en la castración masiva y gratuita, prohibiendo explícitamente la matanza de animales.

¿Qué pasará con los perros que sean llevados a la perrera?

El intendente no lo ha especificado, pero al negar la posibilidad de recuperarlos, la comunidad proteccionista y los ciudadanos temen que el destino final sea la eutanasia, convirtiendo a la perrera en un centro de sacrificio.

¿Por qué se oponen las organizaciones de protección animal?

Se oponen porque consideran el plan cruel, ilegal e ineficaz. Argumentan que no soluciona el problema de raíz (la sobrepoblación) y que viola los derechos de los animales, representando un retroceso a políticas de exterminio ya superadas.

¿Cuál es la alternativa que proponen los proteccionistas?

Proponen el cumplimiento de la Ley 13.879, implementando un programa de castración masiva, sistemática, gratuita, extendida, temprana y abarcativa, como única solución ética y sostenible a largo plazo para el control de la fauna urbana.