Crisis del Agua en Salta: ¿Es Potable?

La tensión en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta, puede sentirse en el aire, pero sobre todo, en el agua. Lo que comenzó como una crisis hídrica debido a una sequía histórica, ha escalado hasta convertirse en un profundo conflicto social que enfrenta a los ciudadanos con las autoridades y la empresa prestadora del servicio. Mientras la compañía Aguas del Norte anuncia con optimismo que el agua de la Planta Itiyuro ya es "apta para consumo humano", miles de familias de Tartagal, General Mosconi y Aguaray viven en la desconfianza, reportando que el líquido que sale de sus grifos sigue siendo turbio, con mal olor y, lo que es peor, enfermando a la población. Esta es la crónica de una lucha por un derecho humano fundamental: el acceso al agua potable y segura.

El Origen de la Crisis: Sequía y Cianobacterias

Para entender la situación actual, es necesario retroceder a noviembre de 2022. El gobierno de Salta alertó sobre una baja pronunciada y alarmante en el nivel del dique Itiyuro, calificada como la "más severa de los últimos 50 años". Este descenso drástico fue el resultado de una combinación letal: la reducción de los caudales del río Caraparí y una sequía extendida que azota a gran parte del país. La poca agua que quedaba embalsada se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una invasión de algas, generando la proliferación de cianobacterias. Estas le confirieron al agua un color y sabor desagradables, tornándola no potable y peligrosa para la salud.

Ante este panorama, se declaró la emergencia hídrica en toda la provincia y se activó un Comité de Emergencia Hídrica. La respuesta inmediata consistió en la distribución de agua a través de camiones cisterna y la entrega de bidones, en un esfuerzo coordinado entre Aguas del Norte, el ejército, gendarmería y empresas privadas. Sin embargo, estas medidas resultaron ser un parche insuficiente. Los vecinos de los barrios populares y las comunidades indígenas denunciaron una distribución desigual y la persistencia de la falta de acceso al vital elemento.

La Respuesta Oficial: ¿Una Solución Apresurada?

El 8 de febrero, Aguas del Norte emitió un comunicado que debería haber traído alivio, pero en su lugar, sembró más dudas. La empresa afirmó que, tras constantes seguimientos y análisis de laboratorio, el agua producida en la Planta Itiyuro ya era "apta para consumo humano". Aseguraron que las muestras cumplían con la normativa vigente y que mensualmente se analizaban más de mil muestras bajo estrictos controles.

El anuncio, difundido principalmente por redes sociales, fue recibido con escepticismo. La razón principal de la desconfianza fue la rotunda negativa de la empresa a hacer públicos los resultados de dichos estudios. Tanto las familias afectadas como los medios de comunicación, incluido Salta/12, solicitaron ver los informes que avalaban la potabilidad del agua, pero la información nunca fue entregada. Esta falta de transparencia avivó las llamas de un conflicto basado en la sospecha de que el anuncio respondía más a intereses políticos, de cara a las elecciones de mayo, que a una realidad científica comprobada.

La Voz de los Vecinos: Nace la Asamblea por el Agua

El sentimiento de abandono y la falta de información llevaron a los vecinos a organizarse. Así nació la Asamblea por el Agua en el departamento San Martín, un espacio ciudadano que rápidamente se convirtió en el principal interlocutor de las demandas populares. Su exigencia central era clara: tener participación en el Comité de Emergencia para poder fiscalizar las acciones y acceder a información veraz sobre la situación real del agua.

Luis Rivero, uno de los representantes de la Asamblea, se convirtió en la voz de miles de afectados. Relató cómo, días después del anuncio de la empresa, el agua en Salvador Mazza salía de color azul, mientras que en Tartagal seguía siendo turbia y con mal olor. "Tenemos denuncias de que varias personas se están enfermando por culpa del agua", afirmó, contradiciendo frontalmente la versión oficial. La desconfianza se acrecentó al recordar que, poco antes, las propias autoridades habían manifestado que el estado óptimo del agua tardaría meses en lograrse.

Tabla Comparativa: Dos Caras de la Misma Moneda

La Lucha se Traslada a la Capital

Ante la falta de respuestas a nivel provincial y la imposibilidad de radicar una denuncia en la fiscalía de Tartagal —donde, según Rivero, les dijeron que solo recibían denuncias contra la policía—, la Asamblea decidió llevar su reclamo a Buenos Aires. Una delegación viajó a la capital del país y mantuvo una serie de reuniones cruciales con funcionarios del gabinete nacional.

El encuentro más significativo fue con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Allí, los representantes vecinales denunciaron formalmente al presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún; al titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), Carlos Saravia; al intendente de Tartagal, Mario Mimessi; y al propio gobernador, Gustavo Sáenz, por los delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Además, solicitaron formalmente que el Ministerio de Salud de la Nación envíe técnicos para realizar un análisis independiente del agua, una demanda clave para dirimir la controversia.

El viaje no fue en vano. A través de la Secretaría de Integración Socio Urbana, lograron obtener la prioridad para la construcción de ocho nuevos pozos de agua en los barrios populares de Tartagal, una solución estructural que podría aliviar la dependencia del cuestionado sistema Itiyuro.

Un Conflicto que Escala: El Protocolo Antipiquetes

La crisis del agua en Salta no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de creciente tensión social. Como si la situación no fuera suficientemente compleja, el gobierno provincial aprobó, mediante el decreto 91/23, un nuevo "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas".

Esta medida fue repudiada de inmediato por la Asamblea por el Agua y más de 30 organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que la consideran una herramienta para criminalizar y reprimir la protesta social. "No puede ser la misma policía que te reprima, la que quiera darte una solución", cuestionó Rivero, resumiendo el sentir general. El protocolo, que habilita a las fuerzas de seguridad a disuadir manifestaciones antes de cualquier instancia de diálogo, es visto como una violación al derecho constitucional a la protesta. En respuesta, las organizaciones han convocado a un plan de lucha para exigir su derogación inmediata.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué el agua en San Martín, Salta, no era potable?

Debido a una sequía histórica que redujo el nivel del dique Itiyuro y provocó una floración de algas y cianobacterias que contaminaron el agua, dándole mal color, olor y sabor.

¿Qué dice la empresa Aguas del Norte sobre el agua actualmente?

Afirma que, tras realizar tratamientos y análisis, el agua ya es "apta para consumo humano" y cumple con todas las normativas vigentes.

¿Por qué los vecinos no confían en la versión oficial?

Porque la empresa se niega a mostrar los resultados de los estudios, el agua sigue presentando malas características organolépticas, hay reportes de enfermedades y sospechan que el anuncio tiene motivaciones políticas.

¿Qué es la Asamblea por el Agua?

Es una organización de vecinos autoconvocados del departamento de San Martín que exige transparencia, participación ciudadana y una solución real y definitiva a la crisis hídrica.

¿Qué acciones ha tomado la Asamblea?

Ha organizado protestas, viajado a Buenos Aires para reunirse con funcionarios nacionales, radicado una denuncia por abandono de persona y ha conseguido la prioridad para la construcción de nuevos pozos de agua.

El conflicto en el norte salteño es mucho más que una disputa por la calidad del agua. Es una batalla por la dignidad, la salud y el derecho a la información. Mientras los comunicados oficiales intentan transmitir una normalidad que no se percibe en los hogares, la comunidad organizada de San Martín demuestra que no está dispuesta a aceptar promesas vacías. Su lucha es un recordatorio contundente de que el acceso al agua segura no es un privilegio, sino un derecho humano innegociable.