13/12/2020
El Silencio Roto por la Evidencia Científica
En el corazón de la provincia de San Juan, Argentina, una comunidad vive en un estado de alerta permanente. Los habitantes de Jáchal, cuya vida y sustento han estado históricamente ligados a las aguas del río que lleva su nombre, hoy enfrentan una realidad aterradora: su principal fuente de agua está siendo envenenada. La Asamblea de Jáchal, una organización de ciudadanos autoconvocados, ha levantado la voz una vez más, pero esta vez con pruebas irrefutables en la mano. Un estudio reciente de la prestigiosa Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirma lo que ellos temían: los niveles de metales pesados en el río La Palca, principal afluente del río Jáchal, han alcanzado niveles catastróficos.
La denuncia es directa y apunta a un solo responsable: la mina de oro Veladero, operada por la gigante multinacional Barrick Gold. “Padecemos el envenenamiento del agua de la cuenca del Río Jáchal a causa de los derrames mineros”, sentenció la Asamblea en un comunicado que sacudió a la opinión pública. Este no es un reclamo nuevo, sino la continuación de una larga lucha contra un modelo extractivista que, según denuncian, prioriza las ganancias corporativas por sobre la salud de la población y la integridad del medio ambiente.
Un Estudio que Revela el Desastre Oculto
El informe técnico, solicitado por la propia Municipalidad de Jáchal y ejecutado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo el 28 de febrero de 2018, es demoledor. Las muestras fueron tomadas en el río La Palca, un cuerpo de agua crucial que recibe el caudal de los ríos Potrerillos y Las Traguas, ambos atravesando directamente el área de operaciones de la mina Veladero. Este río no es un afluente menor; aporta cerca del 70% del caudal total del río Jáchal, del cual dependen miles de personas para consumo, riego y ganadería.
Los resultados son alarmantes y exceden cualquier margen de error. Se confirmó la presencia de una larga lista de metales tóxicos, incluyendo antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Sin embargo, tres elementos en particular muestran una concentración que desafía toda lógica y normativa ambiental.
Tabla Comparativa de Contaminación
Para entender la magnitud del problema, es crucial comparar los valores hallados por la UNCuyo con los límites máximos establecidos por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos para la irrigación y la vida acuática.
| Metal Pesado | Valor Hallado (UNCuyo) | Límite Máximo (Ley 24.051) | Nivel de Exceso |
|---|---|---|---|
| Mercurio | 10 µg/L (microgramos por litro) | 0.1 µg/L | 100 veces por encima del límite |
| Manganeso | 34 mg/L (miligramos por litro) | 0.20 mg/L | 170 veces por encima del límite |
| Aluminio | 1992 mg/L | 5 mg/L | Casi 400 veces por encima del límite |
La Historia que los Números Cuentan
Estos números no surgen de la nada. La Asamblea de Jáchal realizó una comparación crucial con los datos históricos del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami), un organismo dependiente del propio gobierno provincial. Durante el período 2004-2010, el Cipcami monitoreó el mismo río, y los valores de mercurio, manganeso y aluminio se mantenían dentro de los límites legales. La comparación entre ambos períodos revela un incremento exponencial y aterrador: 5.000% más de mercurio, 18.000% más de manganeso y un increíble 50.000% más de aluminio.
Para los asambleístas, la conclusión es una sola: “Estos nuevos análisis demuestran que en febrero de 2018 hubo otro gran derrame ocultado por la empresa y el Gobierno”. La drástica elevación de estos metales es un patrón que ya observaron en los derrames reconocidos de septiembre de 2015 y 2016. La desconfianza es total, y la Asamblea incluso denunció que el intendente de Jáchal, Miguel Angel Vega, ocultó deliberadamente estos análisis durante meses.
Negación Oficial y un Historial de Mentiras
La respuesta de Barrick Gold y del gobierno provincial de Sergio Uñac fue predecible y coordinada: negaron la existencia de un nuevo derrame. Su argumento es que los metales pesados se encuentran de “forma natural” en los ríos de la cordillera. Una afirmación que choca de frente con sus propios datos históricos previos a la intensificación de la actividad minera. “El Gobierno y la empresa siguen mintiendo, la cuenca del Río Jáchal está siendo envenenada gravemente por la actividad megaminera”, replicó la Asamblea, recordando además que la mina Veladero opera en una zona periglaciar, un área protegida y prohibida por la Ley de Glaciares.
La desconfianza del pueblo de Jáchal está bien fundada. El recuerdo del derrame de cianuro del 13 de septiembre de 2015 sigue fresco. Aquella vez, la noticia se filtró por mensajes de WhatsApp de los propios trabajadores alertando a sus familias para que no consumieran agua. En un principio, la empresa y el gobierno negaron todo. Luego, admitieron un derrame de 15.000 litros de solución cianurada que “no llegó al río”. Días después, la cifra subió a 224.000 litros que sí llegaron al río. Finalmente, tras la intervención judicial, Barrick Gold reconoció una cifra escalofriante: al menos 1.070.000 litros de agua con cianuro vertidos a la cuenca.
Una Batalla Desigual en la Justicia y la Política
La lucha por justicia también ha sido un camino arduo. Por el derrame de 2015 existen dos causas. Una en tribunales federales, donde el juez Sebastián Casanello procesó a ex altos funcionarios nacionales de Minería y Ambiente. La otra, en la justicia de San Juan, es calificada como “vergonzosa” por los abogados ambientalistas, ya que el juez Pablo Oritja solo procesó a empleados de segunda línea de la empresa, dejando impunes a los directivos y a los funcionarios provinciales responsables del control.
En este contexto, la Asamblea responsabiliza directamente a toda la cadena de mando: desde el gobernador Uñac hasta el presidente Macri y sus ministros, acusándolos de proteger los intereses de Barrick Gold. La preocupación se agudiza al observar las maniobras del gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares, una legislación vital para proteger las “fábricas de agua” de la cordillera, con el único fin de “favorecer la llegada de inversiones” mineras. La situación llegó a un punto de cinismo extremo cuando el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, afirmó públicamente que “el cianuro es una sal, lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”. Una declaración que ignora toda evidencia científica y demuestra un profundo desprecio por la vida y la salud de las comunidades.
Preguntas Frecuentes sobre el Caso Jáchal
¿Qué denuncia exactamente la Asamblea de Jáchal?
Denuncia la contaminación sistemática del río Jáchal con metales pesados como mercurio, manganeso y aluminio, producto de la actividad de la mina Veladero (Barrick Gold). Se basan en un estudio de la UNCuyo que muestra niveles de toxicidad cientos de veces por encima de lo permitido.
¿Son peligrosos los metales encontrados?
Sí, extremadamente. El mercurio es un potente neurotóxico que puede causar daños irreparables en el sistema nervioso. El manganeso en altas concentraciones también es neurotóxico y puede provocar síntomas similares al Parkinson. El aluminio se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas.
¿Qué es la Ley de Glaciares?
Es la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Su objetivo es proteger estas reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades como la minería a gran escala que puedan destruirlas o contaminarlas.
¿Qué exigen los habitantes de Jáchal?
Exigen el cese inmediato de la contaminación, la remediación completa de la cuenca del río Jáchal, el cierre definitivo de la mina Veladero y que se haga justicia, condenando a los responsables empresariales y políticos de este desastre ambiental.
El caso de Jáchal es un espejo de una problemática que se repite en toda América Latina. Es la historia de una comunidad que se levanta para defender su recurso más vital, el agua, frente al poder abrumador de una corporación multinacional y la complicidad de los gobiernos de turno. Su lucha es un grito desesperado por la vida, por el futuro de sus hijos y por el derecho fundamental a un ambiente sano.
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