28/07/2011
En el norte de Argentina, una paradoja cruel define la vida de miles de personas. Mientras el gobierno de Salta celebra ser un modelo en la gestión de envases vacíos de agrotóxicos, sus comunidades originarias libran una batalla diaria por el recurso más básico: el agua. Una batalla que, por desesperación y abandono, los obliga a almacenar este líquido vital en los mismos recipientes que contenían el veneno que contamina sus tierras. Esta es la historia de una ley que no llega a quienes más la necesitan y de una sed que no puede esperar a la burocracia ni a las promesas de un desarrollo que les da la espalda.

Una Ley Pionera y una Realidad Ignorada
Oficialmente, Salta es un ejemplo a seguir. El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia se enorgullece de la implementación de la Ley Nacional 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Se han habilitado cinco Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) y se planean más, convirtiendo a la provincia en “una de las primeras en cumplir con la Ley destinada a cuidar la salud de las personas y el medio ambiente”. En el papel, el sistema parece funcionar: los productores agropecuarios entregan los envases vacíos, y estos son enviados a un operador para su reciclaje o disposición final segura.
Sin embargo, la realidad a ras de suelo cuenta una historia muy diferente. Fabián Fernández, cacique de la comunidad La Chirola, en el departamento de San Martín, describe una escena cotidiana y desoladora: “Algunos finqueros lo dejan en la finca. Hay un camino que recorremos para recolectar frutos. Y los dejan tirados y cuando vienen vientos los envases llegan acá o la gente se los lleva”. Los bidones, marcados con calaveras y advertencias de toxicidad, se convierten en parte del paisaje, abandonados a merced de los elementos y de la necesidad.
La Necesidad Tiene Cara de Bidón
Para las comunidades del chaco salteño, la escasez de agua es una constante, agravada por sequías y temperaturas que pueden superar los 45 grados a la sombra. En este contexto, cualquier recipiente es un tesoro. “El tema es que todas las comunidades los están usando porque no tienen otra alternativa, porque siempre escasea agua”, explica con crudeza Ceferino Vallejos, cacique de Misión Carboncito y presidente de la Asociación La Nueva Integridad. El agua que recolectan, ya sea de la lluvia o de los camiones cisterna que esporádicamente visitan la zona, termina en estos bidones de herbicidas y pesticidas.
La falta de infraestructura es alarmante. No hay una distribución masiva de tinacos o tanques de agua seguros. Quienes poseen uno es porque han logrado comprarlo, un lujo inalcanzable para la mayoría. La alternativa es reutilizar lo que el campo desecha. Aunque los lavan con esmero, usando detergente o jabón, la amenaza química persiste, impregnada en el plástico. Es una ruleta rusa sanitaria motivada por la más básica de las necesidades humanas.
El Veneno Silencioso: Consecuencias en la Salud
El uso de estos contenedores es un peligro latente y, en ocasiones, manifiesto. El propio Ceferino Vallejos relata el caso de su sobrino, quien vivía en Rivadavia Banda Sur. “Hace poco lo mandaron a Buenos Aires por problemas de salud”, cuenta. Al regresar, la orden del médico fue tajante: el niño solo podía consumir agua mineral. La familia sospecha que la causa de su enfermedad fue la contaminación del agua que almacenaban en estos recipientes.
Esta recomendación médica, sin embargo, choca con la realidad económica. Una botella de litro y medio de agua mineral cuesta 150 pesos, una cifra prohibitiva para una familia que lucha por la subsistencia. “Los bidones grandes de agua mineral no ingresan a nuestra comunidad”, añade Vallejos, ilustrando un círculo vicioso de pobreza, abandono y enfermedad. La salud se convierte en un bien de consumo, no en un derecho.

Discurso Oficial vs. Realidad Comunitaria
| Aspecto | Versión Oficial (Gobierno/Campo Limpio) | Realidad en las Comunidades |
|---|---|---|
| Gestión de Envases | Sistema exitoso con 5 CATs en funcionamiento para el reciclaje y la disposición final segura. | Los envases son abandonados en los campos, y las comunidades los recogen por necesidad. |
| Acceso al Agua | No es un tema abordado directamente en la política de gestión de envases. | Escasez crítica de agua y falta de recipientes seguros, lo que obliga a usar bidones tóxicos. |
| Salud Pública | La ley busca proteger la salud de las personas y el medio ambiente. | Aumento de riesgos sanitarios y casos de enfermedades posiblemente ligadas al consumo de agua contaminada. |
| Responsabilidad | El éxito del sistema se apoya en la responsabilidad de los productores agropecuarios. | Los productores no siempre cumplen; la responsabilidad final recae en las víctimas del sistema. |
Cifras que Alarman: Un Problema en Crecimiento
La magnitud del problema no hace más que crecer. Según un informe de la Secretaría de Ambiente de Salta, la cantidad de envases tratados por la empresa operadora, TERAMAQ SRL, se ha disparado. En 2013 se trataron 131.779 kilogramos de envases, mientras que en 2019 la cifra ascendió a 377.119 kilogramos. Esto representa un aumento de casi el 200% en solo seis años. Lejos de ser un indicador de éxito en la recolección, este dato revela una intensificación del uso de agroquímicos en la provincia, lo que inevitablemente se traduce en un mayor volumen de residuos plásticos tóxicos en el ecosistema y, por ende, un mayor riesgo para las poblaciones vulnerables.
¿De Quién es la Responsabilidad?
El ministro de Producción, Martín de los Ríos, deposita la clave del éxito del programa en la "responsabilidad demostrada por los productores agropecuarios". Sin embargo, los testimonios de las comunidades indican que esta responsabilidad es, como mínimo, laxa. La asociación ambiental Campo Limpio, encargada de la gestión, es dirigida por Ignacio Stegmann, una figura con fuertes vínculos empresariales en el sector de la venta de agroquímicos y la producción agraria. Esta aparente contradicción plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la efectividad del sistema, que parece más enfocado en la imagen corporativa que en la solución de fondo del problema.
La petición de los líderes comunitarios es simple y directa: “Yo creo que la empresa debería juntarlos por lo menos”, resume Fabián Fernández. La responsabilidad no puede ser delegada al eslabón más débil, sino que debe ser exigida a quienes generan el residuo peligroso.
Voces de Resistencia y Conciencia
No todas las comunidades utilizan estos envases. En El Traslado, el referente Roberto Sánchez afirma con rotundidad: “No usamos los bidones de agrotóxicos porque sabemos que es veneno”. Esta conciencia del riesgo es un acto de resistencia, pero no los exime de la precariedad. Sánchez aprovecha para hacer un llamado público: los tinacos que abastecen a su comunidad son viejos y necesitan ser renovados. Su decisión de proteger su salud los deja en una situación igualmente vulnerable, dependientes de una infraestructura deficiente. Saben que el bidón es veneno, pero el agua segura sigue siendo un bien escaso.
Preguntas Frecuentes
- ¿Es seguro usar estos bidones para agua si se lavan bien?
No. Los expertos en toxicología advierten que los productos químicos fitosanitarios pueden ser absorbidos por el plástico (un proceso conocido como lixiviación) y son extremadamente difíciles de eliminar por completo con un simple lavado. El riesgo de intoxicación crónica por exposición a bajas dosis es muy alto. - ¿Por qué las comunidades no compran recipientes adecuados?
Principalmente por la falta de recursos económicos. Un tanque de almacenamiento de agua (tinaco) representa una inversión significativa, inalcanzable para familias que viven en una economía de subsistencia. Además, hay una ausencia de políticas públicas efectivas que garanticen este derecho básico. - ¿Qué son los CAT y por qué no solucionan el problema?
Los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) son puntos de recolección donde los productores deben llevar los envases vacíos. El sistema es pasivo; depende de la voluntad del productor. No resuelve el problema de los envases que son abandonados ilegalmente en los campos, que son precisamente los que las comunidades encuentran y reutilizan. - ¿Cuál es la solución a largo plazo?
La solución debe ser integral. Por un lado, es urgente implementar un programa estatal que garantice el acceso universal a agua potable y a sistemas de almacenamiento seguros para todas las comunidades. Por otro, se debe hacer cumplir la ley con un sistema de recolección proactivo y sancionador, que ponga la justicia ambiental y la responsabilidad en los productores y las empresas que comercializan los agrotóxicos, no en las víctimas de su contaminación.
La situación en Salta es un espejo de una problemática mayor que afecta a muchas zonas rurales de Latinoamérica. Es la confrontación entre un modelo de producción agrícola que externaliza sus costos ambientales y sociales, y las comunidades que pagan el precio con su salud y su calidad de vida. Mientras las estadísticas oficiales dibujan un panorama de progreso, la sed en el chaco salteño se sigue calmando, peligrosamente, con bidones de veneno.
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